El problema gira en torno al análisis de la conveniencia, o no, de dar primacÃa a la autonomÃa de la voluntad por sobre las normas imperativas de la LGS, con distintos grados de intensidad dentro de todo ese rango de posibilidades. El art. americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL270000. Con relación al grado de racionalidad de los agentes estatales que emiten las regulaciones limitantes de la libertad de las personas, los mismos investigadores que hicieron volar por los aires la teorÃa económica estándar atribuyen similares sesgos cognitivos a los burócratas que a los individuos privados. y Com., entre otros. Civ. y Com.) Conclusiones. Los lÃmites a la autonomÃa de la voluntad: normas imperativas, indisponibles y de orden público. Allà explican que al emitir regulaciones hay que tener muy en cuenta el efecto cascada, consistente en una cadena autosostenida de acontecimientos que puede comenzar por reportajes en los medios de comunicación sobre un acontecimiento que podrÃa estimarse como de importancia menor y llegar hasta la histeria colectiva con la consecuente intervención del gobierno a gran escala. Civ. La ley 27.349 exhibe como novedad una teorÃa añeja y que en los últimos años fue refutada de manera elocuente por la economÃa conductista (behavioral economics). No estamos afirmando que los accionistas sean débiles y que solo por eso merezcan la protección de la ley. Precisamente, a través de las normas imperativas o indisponibles. Introducción. Se trata de un paÃs donde las grandes empresas son enormes y muchas. y Com., que serÃa de aplicación obligatoria por sobre las regulaciones contractuales de la SAS. (48) COSTE, Diego – BOTTERI, José D., «El derecho de separación del socio», cit. Nueva Visión, Buenos Aires, 2010, y BUNGE, Mario A., «La relación entre la sociologÃa y la filosofÃa», Ed. Los sesgos cognitivos no se agotan ahÃ. Civil. 566, p. 388; y GASTALDI, José M., «La buena fe en el derecho de los contratos», en CÃRDOBA, M. Sumario: 1. ¿El respeto del interés social? (g) El efecto dotación, que consiste en que el precio máximo que estamos dispuestos a pagar por un bien o por un servicio es inferior al que estamos dispuestos a recibir por ese bien o servicio, si ya nos pertenece. Sin perjuicio de ello, existen muchas aplicaciones concretas de ambos principios en diversas materias (49). WebEn una concepción racionalista de la autonomía de la voluntad privada, edificada alrededor de los postulados del Estado liberal, se manifestaba en las siguientes características: (i) El … Una forma de ir buscando el equilibro que permita un mayor grado de libertad sin correr el riesgo de abusos es recurrir a una nueva concepción del interés social que contempla la causa-fin (objetiva y subjetiva societaria) junto con una metodologÃa de rigor racional para la toma de decisiones, donde todos los intereses sean debidamente tomados en consideración. Es decir, el orden público es definido en un momento determinado por los legisladores, o por quienes ocupan algún cargo en el Estado. y Com., pues no puede admitirse la validez de una decisión social irracional. Amanda Estela Kees, Contrato, derechos fundamentales y dignidad humana, Del Estado Social de Derecho a Estado Total, 03 Acto Jurídico (Resumen de Victor Vial - MPG), INDICE UNIDAD TEMÁTICA I UNIDAD TEMÁTICA II ESTRUCTURA DEL ACTO JURÍDICO – MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD, 1.-Código-Civil-Comentado-Título-preliminar-Personas-Acto-Jurídico-Tomo-I.pdf, Negocio Jurídico-Acto Jurídico Primera Unidad, La sustantividad del contrato administrativo -[ED, 182-1029, [1].C DIGO CIVIL COMENTADO T TULO PRELIMINAR PERSONAS ACTO JUR DICO TOMOI, SANTIDAD DE LOS CONTRATOS, LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE CONTRATAR, INTERVENCION EN SU EJECUCION. (b) El ejercicio sin interés: es, tal vez, la forma más simple de identificar cuándo el ejercicio de un derecho carece de todo sentido y debe ser sancionado si causa un daño a terceros. Pero es allà donde se produce una paradoja: las normas imperativas de la ley 19.550, a nuestro entender, conceden mayor previsibilidad a los negocios que la aplicación de los principios de buena fe y abuso del derecho regulados en el TÃtulo Preliminar del Cód. Para cumplir con el primer objetivo someteremos a análisis la autonomÃa de la voluntad, su evolución y sus lÃmites, debiendo precisar brevemente ciertas nociones acerca de las normas imperativas, indisponibles y de orden público. 4.2. Incidencia del abuso del derecho en la SAS. Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas, PANORAMA ECONÓMICO: Balance del año 2022, FORO PENAL: La procesabilidad en el sistema penal, MEDICINA FORENSE: La acción colateral de los antibióticos, LA VOZ DEL BUEN TRATO: Caso Rosendo Radilla contra México, Opinión: POR FORTUNA EL BANCO DE LA REPÚBLICA NO ES EL BANCO VATICANO. Es decir, se tratarÃa de una especie de bola de nieve que va creciendo a partir del miedo, tal vez infundado y promovido por la propia inseguridad del ciudadano medio impulsado por personas que tienen intereses económicos o polÃticos en la instalación del problema. Una clásica aplicación de esta teorÃa es la business judgement rule, cuyo análisis excede este trabajo; remitimos a nuestro estudio previo sobre este tema. Entonces, la autonomía privada es un poder de creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, y es aquí donde se concretiza la autonomía privada. Los lÃmites se fijan a través de normas jurÃdicas que se imponen a la voluntad de los particulares, por normas que no pueden ser dejadas de lado por las partes de un contrato, ni siquiera cuando todas están de acuerdo en hacerlo. y Com.). La recepción de esta segunda versión de la autonomÃa de la voluntad en el derecho argentino se produjo con la reforma constitucional del año 1949 y la ley 17.711, que modificó de manera sustancial el Código Civil de Vélez Sarsfield, de espÃritu netamente liberal, como correspondÃa a los ideales de su época, cuando aún no se habÃan advertido en niveles suficientes los nuevos riesgos del régimen liberal-individualista. 301 - 350. La Voz del Derecho 2014 - Todos los Derechos Reservados, Opinión: EN EL INFIERNO Y EN EL LIMBO NO HAY VISITA CONYUGAL NI DETENCIÓN DOMICILIARIA. establece: «Principio de buena fe. Por ese motivo, un obrar negligente de los administradores forma parte de ese riesgo que eligió libre y voluntariamente, y la ley no tiene por qué protegerlo de sus malas elecciones. : (a) preventiva, porque el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurÃdica abusiva; (b) restauradora, porque el juez, si correspondiere, debe procurar la reposición al estado de hecho anterior; y (c) resarcitoria, porque el juez, si correspondiere, debe fijar una indemnización (con el agravante de que esta indemnización debe ser «plena», de acuerdo con lo dispuesto por el art. Pero en el folleto entregado a uno de los grupos la tasación de referencia era muy superior a la del mercado, mientras que en el del otro grupo era muy inferior. Se la conoce como buena fe-lealtad. ; THALER, Richard H. – SUNSTEIN, Cass R., «Un pequeño empujón», Ed. (68) Dejamos fuera del análisis, deliberadamente, los modelos y herramientas diseñados por las disciplinas empresariales que normalmente se ven involucrados en esta clase de conflictos. Fondo de Cultura Económica, México, 1992; y, en contra, BUNGE, Mario A., «La ciencia, su método y su filosofÃa», Ed. Esto significa en términos prácticos que la negociación, celebración, interpretación, ejecución y conclusión de contratos, entre otros ejemplos, quedan sujetos inexorablemente a los principios citados sin necesidad de otras normas especÃficas (2). En cuanto a los elementos polÃticos y económicos de tal anhelado orden social, los debates televisivos, en redes sociales, en reuniones sociales y lo que exhala la prensa escrita nos muestran que las visiones sectoriales son mutuamente excluyentes acerca de esos principios básicos de organización. Del mismo modo, un medio M es moralmente racional si y solo si el medio es necesario y suficiente para aquel O». 53 y ss. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 10. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1959, p. 7. cit. Acerca de la moral: si indagamos en los métodos de ética que nos ayudan a discernir cuándo un acto puede considerarse correcto, pocos podrán distinguir ây mucho menos ponerse de acuerdoâ entre utilitarismo, deontologismo, prescriptivismo, etcétera. La filiación de esa tesis con la teorÃa económica clásica es muy clara. Entonces, estamos hablando aquà de un ilÃcito cometido por una o varias partes del contrato en perjuicio de otras, mediante el abuso de ciertos derechos que las leyes les atribuÃan con otros fines, desviándolos hacia objetivos distintos a los permitidos con la intención de aprovecharse indebidamente de la situación. Entendemos que, razonablemente, un accionista previsor, antes de ingresar a una SAS, deberÃa haber resguardado sus derechos de manera tal de poder informarse, controlar la gestión social y proteger su participación porcentual en la toma de decisiones y ganancias de la sociedad, entre otros aspectos fundamentales para cualquier inversor, de manera tal de poder cumplir con los fines que lo motivaron a ingresar a esa persona jurÃdica en particular. Existen muchas definiciones de racionalidad (62). (dir. – BOUDON, Raymond, en sus obras «Las ciencias sociales en discusión», cit., y «La racionalidad en las ciencias sociales», cit., respectivamente. SerÃa una aplicación de las profecÃas autocumplidas de Robert K. Merton. Forman parte integrante de un sistema y, como tales, tienen gran influencia en esas mutaciones y en las contradicciones que aparecen cada vez más en su funcionamiento» (PREBISCH, Raúl, «Prólogo» al libro de BUNGE, Mario A., «EconomÃa y filosofÃa», Ed. La esencia de esta normativa es coherente con el famoso fallo del juez Ralph Winter, en el leading case «Joy vs. North», quien sostuvo que nadie obliga a un inversor a comprar acciones de una corporación determinada. Una de las instituciones que marca el paso del desarrollo del derecho . 94 a 112 y 157 de la LGS. Paidós, Buenos Aires, 2013; y «Skin in the game», cit. Todas estas explicaciones pueden resumirse en un argumento bastante simple: cuando se pretende afectar el interés de alguien, hay que explicarle muy bien los motivos. Este sesgo permite inferir que, aun habiendo ejercido su derecho de negociar las cláusulas contractuales libremente, el accionista de una SAS que perciba injusticias en cuanto al reconocimiento de sus derechos tendrá incentivos cognitivos para ingresar en un conflicto societario, aun cuando ello le resulte inconveniente bajo la óptica de la teorÃa económica clásica o estándar. La aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la celebración de contratos. La autonomía de la voluntad, o autonomía privada, es una de las tantas manifestaciones de la libertad (4). La problemática emanada de la prohibición absoluta de venta de predios privados que han sido cobijados por parques naturales a alguien diferente al estado colombiano. WebLa autonomía privada, en nuestro sistema jurídico, se sustenta en el principio constitucional de que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no … 10, p. 79. Entre los artÃculos de doctrina nacional recientes, encontramos un trabajo muy destacable de Messina y Sánchez Herrero, quienes, luego de tratar este asunto con solvencia, concluyen que las premisas de la ley 27.349 son falsas en cuanto a su punto de partida, porque los socios de la SAS carecen de la racionalidad del homo economicus y que, por tal motivo, la autonomÃa de la voluntad no podrÃa excluir la aplicación de las normas imperativas de la ley 19.550 (31). La explicación de todas esas ideas podrÃa presentarse del siguiente modo: las externalidades negativas (costos no previstos) se producen cuando no existen derechos de propiedad claramente asignados. Sentencia C-367 de 1995. Nassim N. Taleb, una de las pocas personas que pudieron prever la crisis financiera del 2007-2008, en una reciente obra atribuye los denominados «cisnes negros» a la asimetrÃa de información entre quienes conocen el mundo real y las personas que lo pretenden regular. (4) COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., «El principio de autonomÃa de la voluntad y sus lÃmites (somero análisis de lo propuesto en el Proyecto de Código Civil de 1998)», JA 2000-III-959, AP 003/007714. La Ley, Buenos Aires, 2004, t. I, ps. Pero debe tenerse en cuenta que en virtud de los efectos colaterales imprevisibles (positivos o negativos) que puede generar la acción, el resultado R puede no coincidir con O. Entonces la fórmula debe corregirse en los siguientes términos: M resulta ser, a posteriori, un medio instrumental y moralmente racional de Osi y solo si M es necesario y suficiente para O, y R es más valioso que C (que es el efecto colateral indeseado)». (49) Arts. DEFINICION DE CONTRATOS. En cambio, serÃan disponibles por los socios todos los demás derechos, como por ejemplo el de receso, el de suscripción preferente y de acrecer, el de impugnar decisiones sociales, todo lo relativo a organización, competencias, quórum y mayorÃas de órganos societarios, etcétera. Se trata de una nueva concepción del contrato, ya ahora como ente vivo, como vÃnculo que puede tener un contenido variable, complementado por las partes o por el juez ante las nulidades parciales, con una solución equitativa para los eventuales problemas que puedan surgir» (ESBORRAZ, David F., «Contratos y sistemas en América Latina», Ed. MANÃVIL, Rafael M., «Algunas incidencias del Código Civil y Comercial sobre la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas», Supl. En el Diccionario Jurídico Espasa, Límites De La Autonomía De La Voluntad Privadase define como: La autonomía en modo alguno puede tener carácter absoluto, no solo por la limitación inherente a la persona, sino porque de ser así desembocaría en anarquía ha de moverse dentro de una marco general, constituido por: AutonomÃa de la voluntad. 2.1. Si sabe lo que quiere, no sabe cómo lograrlo. En esos Estados no se aplica la business judgement rule. Duprat destaca que eso no sucede ni en los EE.UU., aunque el ejemplo tampoco es relevante para nuestro estudio, porque las sociedades abiertas en la Argentina constituyen un número muy reducido en comparación con la red de negocios desplegada por las mipyme, a quienes está dedicada, supuestamente, la SAS. El asunto no es meramente académico, porque las palabras y su contexto provocan sensaciones. Al proceder a hacerlo deben observar los requisitos exigidos, que obedecen a razones tocantes con la protección de los propios agentes, de los terceros y del interés general de la sociedad. b. Quienes afirman que las normas imperativas de la ley 19.550 son descartables por los socios de la SAS, con la única excepción de aquellas que regulan la responsabilidad de los administradores, la disolución y la liquidación de la sociedad. Merecerá especial atención en nuestro estudio el análisis de la situa-ción actual de la autonomía de la voluntad de los particulares en el ámbito de la contratación. WebEnsayos gratis y trabajos: PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES E Interpretacion En La Constitucion. [CDATA[ (60) El Dr. Claudio C. Cacio sostuvo, en un sonado caso, que no era necesario ingresar en consideraciones morales, cuando no caben dudas acerca de que ciertos hechos comportan malas costumbres. La Ley, Buenos Aires, 2009, t. III, nro. Esto se relaciona, naturalmente, con los costos de agencia, que son aquellos provocados por los conflictos de intereses entre accionistas, acreedores y administradores de una sociedad, quienes deben invertir tiempo y dinero solo para proteger sus derechos cuando se relacionan entre sÃ. (Cfr. 2.-. No hay ninguna razón para que los agentes del gobierno, al dictar las normas, no vayan a caer en el sobreoptimismo de su resultado. (46) Un ejemplo de ello podrÃa ser la visión futurista de Harari acerca del desplazamiento masivo de trabajadores por las máquinas y la necesidad de replantear el sistema económico mundial introduciendo, por ejemplo, la renta básica universal (cfr. (26) FISCHEL, D. R., «The corporate government movement», Vanderbilt Law Review, 35:137:164, 1982; EASTERBROOK, F. H. – FISCHEL, D. R., «The economic structure of corporate law», Ed. Civ. (29) En un ilustrativo artÃculo acerca del debate que se viene produciendo sobre estos temas en los EE.UU., Duprat explica que existen dos posiciones predominantes: las contractualistas y las comunitaristas. La ley no deberÃa establecer deberes fiduciarios a quienes son parte de un contrato de sociedad, porque cada parte pudo o debió conocer lo que querÃa, asumiéndose que tuvo el poder y la oportunidad de negociar adecuadamente las condiciones del negocio para proteger sus intereses al momento de crear o de ingresar a la sociedad de la que forma parte. En el ámbito contractual, consiste en la libertad que tiene una persona para: (a) decidir si quiere contratar; (b) decidir con quién contratar; y (c) fijar el contenido del contrato (7). el contenido, utilidad y límites del principio de la autonomía de la voluntad privada y cómo ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia de ambos países. La forma de aproximarse a un cierto grado de conocimiento acerca de cuál es el principio rector que rige la buena fe, el correcto ejercicio de los derechos y la moral y las buenas costumbres en materia societaria, exige otro método acorde a los cambios introducidos por la ley 27.349. : José Gregorio Hernández Galindo)”. (47) BORDA, Guillermo A., «Tratado de derecho civil. Dicha oferta puede consistir en entregar 1 o todas las unidades monetarias. Es por eso que no tiene ninguna relación con lo que sucede en nuestro paÃs, donde más del 99% de las sociedades son cerradas. La autonomÃa de la voluntad, o autonomÃa privada, es una de las tantas manifestaciones de la libertad (4). La otra posición, comunitaria, prefiere apoyarse en la ley para regular las relaciones entre los distintos grupos de poder, siendo muy costoso y difÃcil coordinar y negociar sobre los distintos intereses que confluyen en una sociedad de capital. LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y DERECHO COMERCIAL 19 INTRODUCCION: Por: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar Abogado U.P.B. Civ. No parece razonable, en consecuencia, justificar la autonomÃa de la voluntad en normas, precedentes o prácticas que ni siquiera son mayoritarias en el paÃs donde se originaron y que no corresponden a la misma clase de sociedad. Sudamericana, Buenos Aires, 1999, ps. AsÃ: «Un objetivo O es moralmente racional si y solo si contribuye a satisfacer un interés legÃtimo sin poner en riesgo el interés legÃtimo de otras personas. Las opciones con las que cuenta la sociedad serÃan básicamente dos: financiamiento interno o del mercado. y Com. Civ. queriendo significar la equivalencia inequívoca de los dos AquÃ, de ser cierto, los socios minoritarios deben someterse al principio mayoritario. 33 de dicha leyâ los arts. Blackwell, Oxford, 1982; ELSTER, «Solomonic judgements», Ed. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Los ejemplos experimentales son incontables, asà que solo citaremos uno que fue realizado con personas en su ámbito real de actuación. Ninguna. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 92). Hemos seleccionado aquellos que se refirieron de manera especÃfica y distintiva al comportamiento de los agentes económicos (según la teorÃa clásica o la conductista) en sus modelos y/o predicciones. La consecuencia consiste en que el vÃnculo contractual se encuentra sustentado en la irrevocabilidad y en la inmutabilidad. precisó que «además del clásico abuso en ejercicio de un derecho por parte de su titilar, presenta otras manifestaciones del instituto: (a) la situación jurÃdica abusiva, que surge del tercer párrafo de los arts. (27) COSTE, Diego – BOTTERI, José D., «El derecho de separación del socio», Ed. Si el legislador hubiera pretendido un máximo grado de seguridad jurÃdica en la SAS a través del ejercicio de la autonomÃa privada, deberÃa haberlo previsto de manera expresa. En segundo término, las normas imperativas de la ley general (Cód. Siglo XXI, México, 1974; BECKER, «The economic approach to human behavior», Ed. Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos. El criterio de racionalidad que postulamos para las decisiones sociales es el siguiente: una decisión y su consecuente acción son racionales si y solo si, procuran lograr un objetivo que, se supone, será beneficioso tanto para la sociedad como para la mayorÃa de los socios, con el mÃnimo sacrificio individual posible. ("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(! Los que niegan la posibilidad de disponer de las normas imperativas de la ley 19.550 por vÃa estatutaria (11). Cambridge University Press, Cambridge, 1993; COLEMAN, «Foundations of social theory», Ed. 216 y ss. Enviado por Pame_334 • 20 de Mayo de 2015 • Informes • 1.051 Palabras (5 Páginas) • 193 Visitas. La Ley, Buenos Aires, 2016, 2ª ed., t. V, ps. Nada de lo expuesto deberÃa sorprender, porque se trata del ejercicio del poder en el mundo real a través de la sanción de normas imperativas o de la interpretación que realizan los jueces en el caso concreto, tal como lo sostuvieron Mourlon, Arauz Castex, SentÃs Melendo y Boutin, entre muchos otros (45). (14) VILLANUEVA, Julia, «La sociedad por acciones simplificada y la autonomÃa de la voluntad versus la imperatividad en el derecho societario», LA LEY, 2018-F, 890; AR/DOC/2430/2018. Un ejemplo más cercano a los profesionales del derecho puede ser el costo hundido de haber dedicado mucho esfuerzo y tiempo a una idea de defensa que luego se advierte como incorrecta. (51) LORENZETTI, Ricardo L., ob. ¿Hay que tomar en cuenta la religión? En el medio hay otros premios Nobel que pueden ser vinculados más con la economÃa conductista que con la clásica, como Arrow (1976) y Simon (1978), aunque en el caso de Arrow fue otorgado por sus múltiples aportes a la economÃa y, en cuanto a Simon, su obra no tuvo gran influencia porque el mundo académico no estaba preparado para lidiar con doctrinas heréticas (20). 517-538. En: Anuario de la Academia Peruana de Derecho 2006-Lima: Gaceta Jurídica - Academia Peruana de Derecho. (d) En caso de oposición de socios a la elección de los medios referidos en el Ãtem anterior, tal elección deberÃa ajustarse recurriendo a los medios que resulten idóneos para el cumplimiento de los objetivos sin necesidad de que los socios deban suscribir un aumento de capital o postergar su derecho al dividendo (69). Se dirá que X se explica por la racionalidad ordinaria si X es a los ojos del individuo que adhiere a X la consecuencia de un sistema de razones S todos cuyos elementos son aceptables para él y si al alcance de su vista no existe un sistema de razones S’ preferible que lo llevarÃa a suscribir a X’ más que a X. Se trata, fundamentalmente, de los principios generales de buena fe, abuso del derecho y los lÃmites de la moral y las buenas costumbres, cuya demarcación constituye un enorme desafÃo. Se pueden consultar las siguientes obras: SEN, «Choice, welfare and measurement», Ed. Y, por último, nos encontramos con una doctrina sobre personificación jurÃdica que guarda coherencia con el resto de los postulados que hemos mencionado: la idea de corporación concebida como un nexo de contratos (26) . Los accionistas, según esta doctrina, no serÃan los dueños del capital, a quienes los administradores deben fidelidad solo por tener ese estatus, sino que serÃan una especie más de contribuyentes con quien la sociedad se relaciona por vÃa contractual, al igual que se relaciona con los empleados, los clientes y demás componentes del sistema total. (58) LORENZETTI, Ricardo L., ob. (AA) Abogado (UNMDP), MagÃster en Derecho Empresario (Univ. En primer lugar la jurisprudencia se ha referido al origen de la figura y ha señalado se trata de un postulado formulado por la doctrina civilista francesa a mediados de los Siglos XVIII y XIX, que ha sido definido como “[El] poder otorgado por el Estado a los particulares para crear, dentro de los limites legales, normas jurídicas para la autorregulación de sus intereses”[2]. (dir. 301 - 350. (h) El dinero de la reserva o el aumento de capital no podrÃa tener una afectación distinta, pues para ello deberá convocarse y adoptarse una nueva decisión racional como la que aquà se ha planteado. Este objetivo es instrumentalmente racional, porque procura un beneficio para el sistema, y es moralmente racional (desde nuestra perspectiva utilitarista), porque intenta la mayor cantidad de bien con el menor sacrificio posible. Las trampas del azar», Ed. Según este autor, si las personas que toman decisiones para mejorar o controlar la realidad sufrieran en carne propia los resultados de sus propias decisiones, las leyes estarÃan mucho más cercanas a la realidad y, por ende, serÃan más eficaces para mejorarla. No tiene sentido alguno, en cambio, aplicarlas respecto de las sociedades familiares o cerradas, donde las inversiones no son producto de haber elegido entre capitalizar la empresa familiar o comprar un bono a largo plazo. Se encuentra disponible en el siguiente sitio web: «Model Business Corporation Act without comments», https://apps. 13 del Cód. ; THALER, Richard H., ob. cit. Recomendamos la lectura de la obra: HEDSTRÃM, Peter – BEARMAN, Peter (dirs. Reiteramos que las fuertes crÃticas provenientes de la filosofÃa y la economÃa conductista a las teorÃas de la elección racional, que han demostrado que rara vez los seres humanos actúan de ese modo, sea por falta de información acerca de sus propias necesidades, deseos y capacidades, o bien por la incapacidad de hacerlo, pueden aplicarse sin inconvenientes a la doctrina contractualista de Delaware, que asume que quien ingresa a una sociedad tuvo la oportunidad de pactar contractualmente la protección de sus derechos o tenÃa el deber de hacerlo, motivo por el cual no merece una protección especial en su carácter de mero socio minoritario. Esa asimetrÃa se produce porque quienes emiten las regulaciones carecen de skin in the game, es decir, no están comprometidos personalmente, sea con su patrimonio o su cuerpo, con las consecuencias de las normas que dictan. {u.j}»RbBÍ×¥ Öõ1!tSò¿§=`\䦡 ¥à-CYõϹf9?ߤ»AÕÖU?¡¤hSH]x8ÕDCÒ2nȵL%IÏ;zRW¬¥?¶Î-kld©v©¿´?åyæúà@6ñéåvEÒm¥e$ç(/Ê'Rº@ü.½ ]Þh
Ð Ü©,ã1aý¿]ò4¶©Ä'ÃÀË,÷Ïç®XbëN¡òèv®. y Com. 20 . Siempre estará presente la tensión entre libertad e igualdad, y es por eso que se dice que el problema de la autonomÃa de la voluntad es un asunto de lÃmites (41) . (17) la lectura de BOUDON, Raymond, «La racionalidad en las ciencias sociales», Ed. ), «Código Civil y Comercial de la Nación comentado», Ed. Dicha legislación tiene sus fundamentos en diversos postulados neoclásicos, como el teorema de Coase (23), los costos de agencia (24) y los trabajos sobre deber fiduciario de los administradores y prevenciones contra la adquisición hostil de acciones de sociedades cotizantes (25). (54) SCHNEIDER, Lorena R., «El control societario y los abusos de mayorÃa, de minorÃa y de socios en posición equivalente», LA LEY, 2017-A, 919; AR/DOC/214/2017. Sin perjuicio de ello, la ausencia de racionalidad perfecta (no la torpeza) provocada por los sesgos cognitivos inherentes a la biologÃa del ser humano sà deberÃa ser tomada en cuenta al momento de interpretar y aplicar esta nueva ley, porque de no hacerlo podrÃan generarse conflictos que afectarán negativamente a toda la comunidad en general, toda vez que los conflictos no se evitan con leyes que podrÃan generar abusos. HINESTROSA, Fernando (2008). Esta última versión es la que constituye la base filosófica del denominado neoliberalismo, sobre la cual se asienta la doctrina nacional que reclama el máximo nivel de autonomÃa de la voluntad en el ámbito de la SAS. Si bien no resulta en principio elegante incluir fórmulas complejas para describir conceptos, entendemos que vale la pena transcribir la idea central de la teorÃa de la acción sistémica y realista de Mario A. Bunge, sugiriendo detenerse pacientemente en ella (64): «Un medio M para un objetivo O es, a priori, instrumentalmente racional si y solo si M es necesario y suficiente para O. Pero debe tenerse en cuenta que en virtud de los efectos colaterales imprevisibles (positivos o negativos) que puede generar la acción, el resultado R puede no coincidir con O. Entonces la fórmula debe corregirse en los siguientes términos: M resulta ser, a posteriori, un medio instrumentalmente racional de O si y solo si M es necesario y suficiente para O, y R es más valioso que C (que es el efecto colateral indeseado)». De Castro y Bravo sostuvo que «la esfera de libertad de las personas» es la que le concede el fundamento a su autonomÃa para ejercer derechos y conformar las diversas relaciones jurÃdicas que les atañen (5). El efecto ancla fue del 41%, es decir, el valor de tasación promedio del primer grupo fue un 41% mayor al del segundo, y todos los participantes remarcaron que no habÃan tomado en cuenta, para nada, el valor de referencia del folleto (32). A todo evento, una flexibilización acorde con las necesidades especÃficas del mercado podrÃa avanzar gradualmente en reformas puntuales a la Ley General Societaria tendientes a ese objetivo. contratación estatal dicho principio. Es el caso del aumento de capital o la constitución de reservas facultativas para el logro de determinados objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. y Com. (21) POSNER, Richard A., «Economic analysis of law», Ed. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1990; BENN – MORTIMORE, «Rationality and the social sciences», Ed. El principio de autonomía de la voluntad así formulado sería rápidamente reconocido por los ordenamientos jurídicos, especialmente por el Code Civil francés y tendría consecuencias inmediatas en materia contractual: las condiciones de fondo y de forma de los contratos, se edifican sobre la expresión del consentimiento, igualmente la fuerza obligatoria de los convenios privados se explica por el respeto de las voluntades individuales. Hemos tratado estos temas en nuestro trabajo anterior sobre opresión societaria, y sus conclusiones son también aplicables al caso de la SAS (48). La business judgement rule no es otra cosa que el reconocimiento legislativo de la elección voluntaria del riesgo por parte del inversor que se presume racional (29). Civ. Transaction Costs, New Brunswick, 2009, 10ª reimp. b) Negocios con trascendencia real: Cabe distinguir con PEÑA y BERNALDO DE QUIRÓS, dos cuestiones: 1ª Cómo juega la autonomía privada en la … y Com. Mucho se ha debatido en torno al vÃnculo de las normas imperativas con el orden público. De Castro y Bravo sostuvo que «la esfera de libertad de las personas» es la que le concede el fundamento a su autonomía para ejercer derechos y conformar las diversas relaciones jurídicas que les atañen (5). Sin embargo, la ira suele impedir que la teorÃa aséptica se aplique, en ninguno de los casos estudiados (THALER, Richard H., «Portarse mal», Ed. 9º, 10, 12, 958, 960, 962, 991, 1011, 1012, 1013, 1061 y 1067 del Cód. "La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. y Com. Civ. 42 y ss., con cita de SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÃNDEZ, Luis F. P., «Instituciones de derecho civil. y Com. El art. También ver LORENZETTI, Ricardo L., ob. ∗∗. Por ese motivo, la mayorÃa de los Estados han adoptado la MBCA, que contiene normas protectoras especÃficas para los accionistas minoritarios frente a la ausencia de previsiones contractuales. La ley 27.349 se sostiene, entonces, en la teorÃa económica estándar o clásica, que establece que es posible predecir la conducta de los seres humanos y, a partir de allÃ, diseñar soluciones para una mejora en la convivencia social, confiando en que siempre se comportan impulsados por los siguientes principios: (a) principio del comportamiento adaptable: los agentes siempre actúan de manera apropiada según la situación en la que se encuentran; (b) principio de racionalidad instrumental: los agentes siempre adoptan los medios que produzcan con mayor probabilidad los resultados deseados; (c) principio de racionalidad económica: los agentes siempre actúan para maximizar sus utilidades esperadas; (d) principio del menor esfuerzo: los agentes siempre escogen el medio menos caro para alcanzar sus metas; y (e) principio de la racionalidad subjetiva: los agentes siempre actúan según sus creencias acerca de la situación en la que se encuentran, asà como según sus creencias acerca de los medios más adecuados y las posibles consecuencias que puedan tener sus acciones para ellos mismos y para los demás, y apuntan a las consecuencias que juzgan mejores. en la SAS podrÃa provocar que la amplia libertad contractual pretendida para esa clase de sociedad termine siendo más reducida que la que concede la ley 19.550. Sugerimos que, tal vez, admitir la imperatividad de las normas de la LGS evitarÃa abrir la caja de pandora que significa el Cód. Es decir, sabiendo qué cosa le corresponde a cada uno, en ausencia de costos de transacción, las personas realizarÃan operaciones libremente de una forma muy eficiente, fluyendo cada activo hacia el patrimonio de la persona que le otorga mayor valor y beneficiándose, de ese modo, la sociedad en general. III.6.3). (2) En ese contexto es técnicamente incorrecto hablar de cambio de paradigma, pues para ello deberÃa existir un quiebre definitivo con los postulados fundamentales del paradigma anterior, de manera tal que los problemas planteados y el modo de resolverlos sean tan diferentes que no puedan ser comparados entre sà (inconmensurabilidad). Esta teorÃa afirma que los accionistas minoritarios de una corporation no merecen una protección especial por el solo hecho de serlo (27). Autonomía privada:los particulares son libres de cumplir las operaciones que quieran, salvo los límites impuestos por el ordenamiento jurídico. Y esa seguridad estaba dada por el principio de la inmutabilidad de la palabra empeñada (9). Parte general», TEA, Buenos Aires, 1964, t. 1, p. 256; SANTOS BRIZ, Jaime, «Los contratos civiles, nuevas perspectivas», Ed. En otras palabras: consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos. (43) VAREILLES-SOMMIÃRES, Gabriel de Labroue de, «La personnalité morale», Revue de Lile, 1900. … 139-140). Por favor, vuelve a intentarlo. Las personas más estéticas o mejor vestidas, por ejemplo, suelen producir un efecto seductor en sus interlocutores, quienes les asignan mejores atributos que los que poseen o, a la inversa, personas antiestéticas son prejuzgadas aun cuando sus ideas sean excelentes. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1986, p. 35, citado por LOUTAYF RANEA, Roberto G., «Abuso del derecho», SJA del 17/06/2015, 24; AP AP/DOC/512/2015. BASES FOR DECONSTRUCTING THE CONCEPT OF LAESIO ENORMIS, ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN FUNDAMENTOS 2012, . FIDAS, Buenos Aires, 2018; MESSINA, Gabriel E. – SÃNCHEZ HERRERO, Pedro, «AutonomÃa y eficiencia de la sociedad por acciones simplificada», LA LEY, 2018-C, 938; AR/DOC/1158/2018. Finalmente, la literatura del tema es muy nutrida y ofrecemos al lector la posibilidad de elaborar su propio criterio de racionalidad para encontrar y proponer alguno más eficaz y eficiente que el que hemos sugerido. (63) HIDALGO, Cecilia, «Racionalidad y método en ciencias humanas: la noción de comparación adecuada», en NUDLER, Oscar – KLIMOVSKY, Gregorio (dirs. Su consideración excederÃa el lÃmite conveniente de este trabajo. particulares. Nombre: Suri Vianey Moreno López Emmanuel Rodríguez Álvarez Héctor Fernández Romero Julio Cesar Palacios Santos Julio Cesar Correu Alducin Materia: Ética y Valores Grupo: Introducción. 990, por su parte, dispone que el lÃmite a la autonomÃa de la voluntad contractual es la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Quienes sostienen la tesis contractualista se oponen a toda clase de normas imperativas y exigen que el Estado desempeñe un papel limitado en la regulación de la actividad individual, restringiéndose a brindar un conjunto de reglas supletorias que los administradores pueden o no realizar. Paidós, Buenos Aires, 2011; «Antifrágil», Ed. 53 y ss. Si las partes regulan sus relaciones en sentido contrario al de las normas imperativas, la sanción será la nulidad de la cláusula especÃfica y la aplicación de la norma obligatoria, salvo que se tratase de un elemento esencial del contrato, en cuyo caso procederÃa la nulidad del contrato en su totalidad. Entre ellos podemos citar los siguientes: (a) La falacia de los costos hundidos: para un agente racional deberÃa ser indiferente el costo de lo que ya invirtió en una determinada operación frente al costo que significa mantenerse en dicha operación. El presente escrito tiene como objetivo establecer la relación entre la autonomía privada de la voluntad y el orden público, abordándolo desde la teoría del negocio jurídico y complementándolo con una definición clara entre estos dos principios. Lorenzetti ha escrito al respecto que la configuración normativa del principio general de buena fe consiste en una «cláusula general» cuyo contenido es ampliamente indeterminado y requiere siempre un juicio de valor del intérprete, quien deberá adaptarse a las circunstancias de tiempo y lugar (51). Un dato de ello es el orden cronológico en el que otorgaron los Premios Nobel de EconomÃa (19): Friedman (1978), Miller (1990), Coase (1991), Becker (1992), por el lado de la doctrina económica estándar; y luego Kahneman (2002), Tirole (2014) y Thaler (2017), por el lado de la doctrina conductista, que cuestiona a la primera. No coincidimos con esa idea, porque la incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Cód. (18) El término en latÃn suele ser atribuido a Vilfredo Pareto, aunque su construcción doctrinaria fue paulatina, un agregado de ideas que podrÃa comenzar incluso antes de Adam Smith y que involucran a múltiples pensadores de gran influencia como David Ricardo, John Stuart Mill y León Walras, entre otros. Debe hacer una oferta a la otra parte. Hello Dolly, el nacimiento del primer clon. Oxford University Press, Oxford, 2012. Luego serán de aplicación las normas supletorias de la ley 27.349 y las restantes normas de la LGS âque respecto de la SAS son consideradas mayoritariamente como supletoriasâ. (10) MAYO, Jorge, «La autonomÃa de la voluntad, ¿es el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato?», LA LEY, 1996-E, 833; AR/DOC/15400/2001. El ser humano no es tan racional como parece. 3. (dir. El significado del concepto es obvio: autonomía de la voluntad es el derecho que el ordenamiento confiere a los particulares de darse su propio estatuto jurídico, de reglar sus relaciones por ellos mismos, de acuerdo a su conveniencia y criterio, pero siempre dentro del marco de las limitaciones que el orden público les impone. Yendo al aspecto operativo del abuso del derecho, este último queda configurado según el art. cit., t. I, ps. Un ejemplo de ello podrÃa encontrarse en el clásico esquema de constitución de reservas facultativas junto con remuneración en exceso sin justificación razonable, pero los casos posibles son inagotables. Sentencia T-338 de 1993. Routledge and Kegan Paul, Londres, 1976; LUCE – RAIFFA, «Games and decisions. Al hablar de paradigmas, revoluciones y procesos disruptivos, se genera una sensación de cambio total de las normas de juego, lo cual no es cierto en el caso de la SAS. y Com. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que todo aspecto del derecho civil y comercial queda sujeto al sentido y alcance de la buena fe y el abuso del derecho, sin necesidad de que exista una norma especÃfica que lo exija. Dover, Nueva York, 1989; MOSER, «Rationality in action. 3, octubre/1960, ps. Civ. !b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d
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