Es decir, en el campo del empleo público existen, como hemos visto, numerosos cruces entre dos ramas del Derecho con caracteres diferenciados, el Derecho Administrativo y Laboral. Es lo que ocurre cuando el contrato se vincula con derechos fundamentales vinculados al estatuto de protección de la persona, a los consumidores o a la vivienda familiar, existe abuso del derecho o frustración del fin del contrato. Quizás conviene recordar que el mercado es el mecanismo de distribución e intercambio de recursos entre agentes que compiten libremente en el marco de las ofertas y demandas de bienes y servicios(29) . En otros términos, la intervención de este último no puede desplazar la participación de los otros poderes y en igual sentido debe respetar el terreno que el ordenamiento jurídico reservó en los otros. ¿Debía, entonces, interpretarse que, en virtud del concepto de autonomía universitaria y de la sanción de la ley 23.068, el recurso de alzada que preveía el decreto 1759/1972 contra los actos de la Universidad era inconstitucional? ARGENTINA Balbín, Carlos Tratado de Derecho Administrativo. En el caso "Provincia de Entre Ríos c. Estado Nacional" el Tribunal sostuvo que "el control de legalidad administrativa y el control de constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio de su poder jurisdiccional, no los faculta para sustituir a la Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, y mucho menos ciertamente en la fijación o aprobación de las tarifas por la prestación del servicio". Es decir, el Estado debe participar de modo directo y necesario en sus prestaciones y debe hacerlo en condiciones de gratuidad. Pero ¿cuál es la diferencia, en términos jurídicos, entre las Universidades autárquicas o autónomas? La Constitución prevé expresamente el dictado de leyes que tienen por objeto el desarrollo y bienestar y contempla como aspectos más específicos, entre otros, la promoción de la industria y el estímulo del desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, el ordenamiento jurídico prevé expresamente ciertas excepciones. Los entes descentralizados tienen caracteres comunes, tales como la personalidad jurídica y el tutelaje por el Estado central pero el régimen jurídico específico es claramente dispar. (A) Integración . Primero.El criterio derazonabilidadque prevé el artículo 28, CN, esto es, el nexo en términos de causalidad entre los medios y los fines estatales y el concepto deproporcionalidadentre estos extremos. Existe entonces una multiplicidad de bienes del dominio público que son regulados no sólo por el Código Civil sino por leyes y decretos específicos y sectoriales, por ejemplo, las aguas, las minas o los hidrocarburos, entre tantos otros. Tengamos presente también que esos derechos no son simplemente los derechos clásicos de libertad y propiedad (pilares del Derecho Administrativo en términos históricos) sino también derechos económicos, sociales y nuevos derechos. De todos modos es posible ubicar los permisos dentro de la categoría de las autorizaciones y las concesiones en el marco propio de los contratos. Por último, esta figura, si bien permitió que el Rey ejerciese un mayor poder sobre los súbditos y los estamentos también configuró ciertos límites respecto del poder real sobre todo en relación con los bienes y el cumplimiento de las leyes fundamentales. Las técnicas de habilitación El Estado ejerce el poder de ordenación y regulación y, consecuentemente, restringe derechos. (E) El ejercicio de las facultades impositivas. IV.2. La ley 24.240 decía que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente"(265) . Por su parte, en relación con los bienes muebles, el propietario no puede venderlo o gravarlo sin intervención de la Comisión(54) . Sin embargo, poco tiempo después, por medio del decreto 721/04, el Ejecutivo dispuso la creación de Correo Oficial de la República Argentina S.A. cuyo objeto es la prestación del servicio oficial de correo, incluyendo todos los servicios postales, mo netarios y de telegrafía bajo la figura de las sociedades anónimas(189) . El régimen jurídico aplicable respecto de los entes descentralizados es claramente el Derecho Público. Es en este contexto, entonces, en el que debemos refugiarnos en los principios. Otro dato relevante es que los bienes del fideicomiso constituyen un patrimonio distinto del fiduciario y el fiduciante. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Escuela de Gestión Pública Licenciatura en Administración Pública De consuno con los principios expuestos y, encontrándose la legislación cuestionada a extramuros de la Constitución Nacional, debe entendérsela inválida". Porque si bien el Legislador debe autorizar al Ejecutivo (reconocerle competencias), puede hacerlo de dos modos distintos. Es decir, y dicho quizás con más detalle, la ley dice cuáles son los servicios públicos y cuál es el bloque jurídico que debemos seguir. En el sector del gas, las habilitaciones tienen un plazo de treinta y cinco años y pueden ser prorrogadas por el término de diez años por el Poder Ejecutivo a propuesta del ente. Así, ciertos aspectos son públicos (el interés público que persiguen y sus poderes de regulación, es decir básicamente el nexo entre el interés del Estado y el de sus integrantes) y otros privados (el interés particular de sus miembros). Todo ello sin perjuicio del control judicial posterior. Además, junto con estos marcos jurídicos coexisten innumerables escalafones especiales y multiplicidad de cuadros salariales(16) . Los órganos estatales centralizados son parte del sujeto jurídico Estado Nacional y no tienen, por consiguiente, personalidad jurídica propia y diferente de aquél(61) . En otros casos, el Derecho Laboral no excluye al Derecho Administrativo sino que en el marco jurídico aplicable se mezclan ambos cuadros; así la ley 25.164 dice que el personal regido por convenciones colectivas de trabajo en los términos de la ley 14.250 y por la ley 20.744 (LCT) puede insertarse en el régimen de empleo público "a través de la firma de convenios colectivos de trabajo, tal como lo regula el inciso j) de la ley 24.185..." (47) . La clasificación de los servicios públicos XI. El concepto X.5.2. ¿Cuál es, en particular, el vínculo entre el servicio público y el Derecho Público? A su vez, el artículo 2343 Cód. En el primer caso, aplicamos un régimen jurídico mixto de Derecho Público y Privado. A su vez, el plazo de prescripción de las sanciones debe computarse desde que éstas quedaron firmes. En este marco es claro que no procede el recurso de alzada y el conflicto entre las Universidades y el Poder Ejecutivo debe resolverse por el Poder Judicial. Universidad Abierta y a Distancia de México, elaboracion_de_actos_administrativos (3).pdf, Guía de actividades y rúbrica de evaluación - Unidad 3 - Fase 5 - Integración y Gestión del Cambio.p, ejercicio2_pretarea_tatiana aguirre ospina.docx, Universidad Abierta y a Distancia de México • UNIDAD 3, Universidad Abierta y a Distancia de México • UNIDAD 9, Universidad Abierta y a Distancia de México • UNIDAD 1, Unidad 3 - Fase 4 - Presentar alternativas de solución_Individual_YINETH R.docx, Unidad 19 Contabilidad apliacada a los negocios. ¿Puede el Estado provincial regular el tratamiento y depósito final de los residuos en el ámbito municipal? En este contexto, cabe analizar —desde el punto de vista jurídico— las nuevas formas que el Estado utiliza en este proceso, esto es, particularmente las sociedades anónimas que pertenecen exclusivamente al Estado (la totalidad de sus acciones son de su propiedad o de sus entes autárquicos) y están regidas por la Ley de Sociedades Comerciales(183) . Cabe, en este punto, plantear algunos interrogantes. Este último proceso es conocido como desregulación estatal. El único sujeto responsable es el agente por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo (trátese de delitos contra el Estado o en relación con otros bienes jurídicos protegidos por el Codificador). La Corte utilizó expresamente el concepto de "poder de policía de emergencia" que consiste en lo siguiente: a) una grave situación de perturbación económica, social o política, b) el máximo peligro para el país y c) un derecho excepcional, es decir, un conjunto de remedios extraordinarios. Así, nacieron las sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria . ¿Cómo continuó el recorrido? Por un lado, el Estado con personalidad jurídica (otro tanto ocurre en el Derecho Privado con las personas jurídicas) y, por el otro, el Estado es uno solo pero está integrado por varias personas jurídicas. Tales circunstancias perjudican además el interés económico y seguridad de los usuarios, la calidad de los servicios y la protección ambiental, entre otros. A su vez entendemos que esta categoría debe ampliarse e incorporar a todas las sociedades anónimas en que el Estado tenga la mayoría del capital social o la mayoría del Directorio , es decir cuando el Estado controle por sí solo la sociedad de que se trate. Actualmente ambas figuras tienen un basamento constitucional común, sin perjuicio de que luego el Legislador razonablemente creó regímenes jurídicos propios y diferenciados. Porque el fin colectivo de las sociedades, su inserción en las estructuras estatales(204) y sus recursos estatales(205) hace que inclinemos la balanza por ese lado(206) . En síntesis, el monto de la indemnización comprende los siguientes rubros: a) el valor objetivo del bien, b) los daños directos e inmediatos de la expropiación, c) las mejoras necesarias realizadas después del acto de afectación y d) los intereses. La aprobación de los estatutos de una mancomunidad (Art. El ente ejerce un conjunto de poderes sobre el servicio público privatizado y su fundamento es el traspaso de los objetivos y poderes, múltiples y complejos, desde el Ejecutivo con el objeto de residenciarlos en aquél. (D) La ley 23.982 sobre consolidación de las deudas del Estado nacional respecto de las obligaciones de pagar sumas de dinero devengadas hasta el 1 de abril de 1991 y siempre que hubieren sido reconocidas en sede administrativa o judicial. De todos modos creemos que es una cuestión irrelevante en términos jurídicos porque cada poder, más allá de su personalidad o no, tiene su régimen normativo propio. Sigamos, ¿la provincia es competente para detraer recursos de coparticipación en caso de incumplimiento del contrato entre el municipio y el CEAMSE? Así, el personal sólo accede a la titularidad de un puesto con función ejecutiva mediante el Sistema de Selección Abierto de conformidad con el convenio aprobado por el decreto 2098/08. Posteriormente, la ley 25.344 de emergencia económico-financiera declaró puntualmente la emergencia respecto de "la ejecución de los contratos a cargo del sector público nacional" y facultó al Poder Ejecutivo a rescindir los contratos (obras, servicios, consultoría y suministros, entre otros) por razones de emergencia y siempre que hubiesen sido celebrados antes de diciembre de 1999. Aclaremos también que esta titularidad es intransferible y, en su caso, la concesión del servicio (gestión por terceros) es discrecional y temporal(15) . Luego, el Poder Ejecutivo al dictar el decreto, en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución, transfiere el ejercicio de ese poder en el ente autónomo. Este recurso es claramente optativo. El fundamento es que el Constituyente exige claramente en materia de contribuciones el principio de legalidad. ✓ Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil, bajo las directrices del Ministro de Gobernación. Es decir, el Tribunal de Cuentas debía fiscalizar si el acto o contrato cumplía con las normas vigentes. En efecto, no se alcanza a comprender particularmente de qué modo el poder jurisdiccional de la Ciudad o los asuntos de seguridad de sus habitantes comprometen los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad sea capital del país(158) . Estamos tratando de distinguir entre las técnicas estructurales y las herramientas de distribución de funciones. Así, el artículo 60 del marco del gas y creación del ENARGAS dice que "las relaciones con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo no siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública". En otras palabras, según el criterio de los jueces, el Estado no puede en virtud de una nueva ley o de su interpretación arrebatar o alterar el derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. Sin embargo creemos que este criterio no agrega nada sustancial en el análisis de estas materias. En este contexto el Estado puede aplicar sanciones y, en su caso, rescindir el contrato por incumplimientos del concesionario, (d) revocar el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y (e) en caso de monopolio, rescatar anticipadamente el servicio y revertir los bienes. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 33, 41, 42, 43, entre otros). Por otro lado, el Presidente es quien debe nombrar y remover al Presidente de las agencias de entre sus miembros que, como ya sabemos, son designados por el Presidente con el acuerdo del Senado(121) . Por ejemplo, en el marco del ORSNA existe un procedimiento de elaboración participativa de normas que permite que los usuarios hagan propuestas o indiquen el contenido de las normas que, según su criterio, debe dictar el ente. Este es, entonces, el cuadro histórico y sus matices. Por el otro, es claro que cuando el Poder Ejecutivo resuelve conflictos entre terceros entonces ejerce funciones materialmente jurisdiccionales porque no es parte en ese debate. Toda vez que las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo al régimen de derecho privado, sumado a que se trata de la reparación de una conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución indemnizatoria debe buscarse en el ámbito de derecho público, de allí que deba aplicarse la indemnización prevista en el art. La expropiación queda perfeccionada cuando se transfiere el dominio al expropiante mediante el decreto de avenimiento o sentencia firme, el pago de la indemnización y la toma de posesión. El ente regulador debe "atender y resolver los reclamos de los usuarios por deficiente prestación de los servicios o por cualquier otro problema derivado de la concesión... debiendo al respecto emitir resolución fundada, bajo los principios procesales de economía, sencillez, celeridad y eficacia". El inconveniente básico es que no existen reglas jurídicas en el ordenamiento positivo. Veamos. Los agentes públicos son, entonces, las personas físicas de que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines y, consecuentemente, sus conductas, en el marco del ejercicio de sus funciones, constituyen actuaciones del propio Estado(2) . Según nuestro criterio debemos distinguir entre las siguientes hipótesis (a) si la resolución del juez penal es absolutoria o (b) si el fallo es condenatorio. ¿Es un servicio social, público o simplemente es función estatal? Pensemos otro ejemplo. En este contexto, el Estado interviene e interviene más. Otro criterio plausible es que el permiso no crea derechos a favor del permisionario mientras que la concesión sí. Es decir, el servicio público debe garantizar los derechos de los usuarios mediante prestaciones en condiciones de igualdad y continuidad. El conjunto de los derechos que prevé la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, trátese de los derechos individuales, sociales o colectivos exige que el Estado cumpla con ese cometido, es decir, por un lado, debe abstenerse y no invadir los derechos fundamentales y, por el otro, comprimir el derecho de otros. En segundo lugar, el inconveniente es que no existe un régimen general sino multiplicidad de regímenes y que muchas veces éstos guardan silencio sobre este aspecto. El reconocimiento de las prerrogativas estatales en el marco del servicio público VIII. PUBLICATIO . Consecuentemente deben excluirse las circunstancias de carácter personal, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas, el mayor valor que confiere al bien la obra a ejecutarse y el lucro cesante(240) . El Tribunal sostuvo que "un largo y meditado estudio de los fallos dictados por esta Corte... nos decide a mantener la jurisprudencia establecida en los casos ‘Ercolano', y otros análogos ... pues la existencia o inexistencia de contrato escrito no cambiaba en los más mínimo la situación del propietario cuya propiedad podía continuar ocupada por el inquilino...". En ese entonces, estaba en pie la Ley de Convertibilidad que fijaba el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar estado unidense en términos de paridad (un peso = un dólar). En el otro (sociedades anónimas estatales) el control es mayor y, por último, (d) el patrimonio de las sociedades anónimas estatales está integrado, sólo y en principio, por recursos presupuestarios. Dice el texto constitucional que las Provincias pueden promover "su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con recursos propios". La respuesta es difícil pero creemos que es jurídicamente irrelevante porque, en cualquier caso, el acto dictado por el tribunal debe regirse por el régimen específico propio de esos actos prescindiendo de su contenido material. Por su parte, el decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la negociación de los contratos y creó la Comisión de Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos con el objeto de asesorar al Ministerio. La teoría del órgano El modelo que hemos explicado en el punto anterior, esto es, la teoría del mandato y representación (sistema de responsabilidad indirecta del Estado apoyado en el artículo 43 del Código Civil) y luego el criterio de responsabilidad del principal por los hechos de sus dependientes en los términos del artículo 1113 Código Civil (es decir, otro modo de cómo es posible imputar indirectamente conductas de los agentes en el Estado) fueron reemplazados más adelante por la teoría del órgano(24) . Entonces básicamente el Derecho Privado cubre la organización y las actividades (objeto) de estas sociedades. Analicemos entonces el precedente "Municipalidad de Rosario c. Provincia de Santa Fe". IV. Consecuentemente, el convencional despejó el primer interrogante porque luego de 1994 el municipio es un ente autónomo de conformidad con el artículo 123 del texto constitucional. A su vez, ese mismo precepto dice cuál es el límite del poder estatal de comprimir derechos, esto es, "los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos". profesora: deyse yuliana hernÁndez cabrera deysi arÉvalo sereno guadalupe del carmen ascencio de la cruz integrantes ricardo alberto cortÉs arÉvalo carlos ivÁn lÁines menÉndez ana rosa leÓn de la cruz jessica ivonn sÁnchez lÓpez francisco roldan solis ayala las formas . Por un lado, la conducta (inasistencias) encuadra estrictamente en una descripción normativa de carácter típico y antijurídico. El principio de cooperación o colaboración , por ejemplo, el deber de información entre los órganos estatales. ¿Qué ocurre, entre otros, con el servicio de transporte del gas o energía eléctrica en cuyo caso es necesario hacerlo a través del territorio de las Provincias? En el caso particular del nuevo modelo de las sociedades anónimas de propiedad estatal el trasfondo es más claro porque su integración por el Estado es sólo de carácter transitorio, esto es, desde el momento de su creación hasta su posterior traspaso en el sector privado. Otro criterio: personas jurídicas públicas estatales y no estatales VIII. Por su parte, el texto ordenado de la ley 14.250 sobre las convenciones colectivas de trabajo en el sector privado establece expresamente, en sentido concordante con las otras normas antes citadas, que "sólo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en las leyes 23.929 y 24.185 en tanto dichas normas regulan sus propios regímenes convencionales". (c) El poder de prestar y controlar el servicio. Por ejemplo, ¿las obras públicas tienen que estar destinadas al uso común y público o es igualmente bien del dominio público si cumple con cualquier interés público? En razón de la falta de pago del crédito, los acreedores iniciaron ejecución hipotecaria a cuyo efecto sostuvieron que la deudora había dejado de pagar los intereses en el mes de noviembre de 2001 y plantearon la inconstitucionalidad de las normas de emergencia. En el marco de la Constitución de 1853 es claro que el punto más alto es ocupado por el Presidente , sin embargo el convencional introdujo la figura del Jefe de Gabinete y entonces el interrogante es cuál de los dos está situado en la cúspide o, en su caso, si ese escalón debe ser compartido entre ellos. Por su parte y, en términos coincidentes, la Corte ha dicho que la gravedad de las penas no es el único criterio para distinguir entre infracciones y delitos(97) . El planteo es, en primer término, si estos entes que llamamos autónomos pueden ejercer, por sí mismos o en virtud de delegaciones del Poder Ejecutivo, poderes reglamentarios (no legislativos) y, en segundo término y en caso afirmativo, cuál es el límite entre el ámbito de las competencias reglamentarias del Presidente y las del ente autónomo. En el caso "Rinaldi" la Corte sostuvo que "las medidas de orden público adoptadas por el Estado para conjurar la crisis económica y social no resultan medios regulatorios desproporcionados con relación a la finalidad perseguida ni carecen de la razonabilidad necesaria para sustentar su validez constitucional". APROBÉ CON ELLOS CON NOTA ALTA 68 páginas 2017/2018 98% (45) ¿Cuál fue, entonces, la respuesta ante esas dificultades? ✓ Velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios y de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento, de acuerdo con la política general del Gobierno de la República y, en su caso, con las políticas específicas del ramo o sector que corresponda, todo ello sin menoscabo de la autonomía municipal y de conformidad con artículo 134 literal a) de la Constitución Política de la República. Así, "es contrario a la Constitución Nacional un régimen normativo que defiere a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la determinación de remuneraciones y haberes previsionales, de naturaleza alimentaria". Salvo, claro, cuando el propio régimen jurídico establezca el concepto o las propiedades relevantes de modo explícito. VI.3. Otro dato interesante, y que de algún modo echa por tierra casi todas las definiciones, es el uso de casos y ejemplos contrarios que prácticamente destruyen las bases en donde nos apoyamos. Creemos que esto último es necesario en términos jurídicos pero el Legislador puede hacerlo de modo genérico; en tal sentido el detalle de las sanciones respecto de las conductas debidas constituye el reconocimiento implícito de ese carácter (infracciones). En el caso del agua potable la concesión era de treinta años. y en sus múltiples relaciones con la sociedad y el mercado. La reforma del Estado y su incidencia en el campo de la organización estatal XXIV. LA COMPETENCIA ESTATAL. Módulo A Unidad 1 Y 2 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2019 Página 5 . Por un lado, el Estado hace uso de técnicas más extremas y de orden absoluto , esto es, las prohibiciones de carácter temporal y suspensiones . Así, en el marco del monopolio, el Estado debe reconocer el goce de ciertos derechos con carácter exclusivo y, también, restringir y mucho los derechos del concesionario. Por ejemplo, entre otras sociedades del Estado, es posible citar: Construcción de Viviendas para la Armada S.E., Administración General de Puertos S.E., Lotería Nacional S.E., EDU.AR S.E., Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., Casa de la Moneda S.E. Los vicios legislativos fueron cubiertos con los pronunciamientos jurisprudenciales y mediante la labor de la doctrina nacional. El texto constitucional dice que "el examen y opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación". Ese carácter reconocido por el Legislador permite definir cuáles son los caracteres y justifica la aplicación de un régimen jurídico exorbitante y específico sobre ese sector de los servicios(18) . Entonces, es posible, aunque con cierta arbitrariedad y obviando conscientemente los matices propios de cada país, afirmar que existen básicamente dos modelos de organización estatal. En el siglo XIX 2.-¿CUÁL ES EL OBJETO DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Derecho Administrativo 1er Y 2o CURSOS Rafael l Martinez Morales, Derecho administrativo I ADRIANA DE LOS SANTOS MORALES, UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CAPÍTULO I CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Red Tercer Milenio Derecho administrativo II, La Administración Pública en el Estado de Oaxaca.pdf, TEORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA '' MIGUEL GALINDO CAMACHO´´, ANTOLOGIA DIDACTICA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Senado de la República -lXiii legiSlatuRa SecRetaRía de cultuRa inStituto nacional de eStudioS HiStóRicoS de laS RevolucioneS de MéXico inStituto de inveStigacioneS JuRídicaS-unaM, DERECHO ADMINISTRATIVO ANDRES SERRA ROJAS. Además este poder es ejercido por una pluralidad de órganos estatales e inclusive en ciertos casos por personas jurídicas públicas no estatales (Colegios profesionales) y privadas. Su crisis. En verdad, creemos que el Estado, tal como es conocido por nosotros, siempre utilizó estos instrumentos más allá de su nombre. XII.2. Por eso, cuando el Estado vuelve sobre sus propios pasos, suprime las restricciones sobre derechos pero igualmente comprime el reconocimiento de otros derechos. ¿Qué técnicas utiliza habitualmente el Estado para hacer cumplir las limitaciones sobre los derechos? b) Propenderá un uso racional y eficiente de los servicios brindados y de los recursos involucrados para su efectiva y normal prestación. Creemos que este debate quedó definitivamente zanjado con la reforma constitucional de 1994 en tanto el convencional definió expresamente a las Universidades como entes autárquicos y autónomos. Es decir, en el caso "Peralta" el titular del depósito recuperó el capital íntegramente, luego de transcurrido el término de diez años; mientras que en el caso "Bustos" el titular del depósito en moneda extranjera podía optar entre recuperar el capital luego de una espera o hacerlo inmediatamente por un monto menor (conversión del depósito en pesos argentinos, más el cálculo de un coeficiente de estabilización CER). El Estado debe regular las obligaciones y modo de prestación del servicio y reservarse el poder de revocación y rescate de éste y reversión de los bienes, de modo de garantizar así la prestación del servicio. Cabe agregar que el control interno es un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades que abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, norm ativos y de gestión fundados en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Y si bien es cierto que puede comprimir el derecho de propiedad más allá de ese límite debe en tal caso indemnizar al titular. Los derechos y garantías de las personas Las sanciones administrativas sólo pueden aplicarse a través del procedimiento administrativo sancionador. Segundo. Así también el ANSES designó sus representantes en las sociedades comerciales. De modo que no es posible discernir, en este contexto interpretativo, entre la voluntad del Estado (persona jurídica) y la voluntad del agente (persona física) sino que la ley ha creado un hecho ficticio, aunque muchos autores consideren que es en verdad el reconocimiento de un hecho real, cuando dice que la decisión del agente es la decisión del propio Estado. Este modelo luego logró consolidarse con la Constitución de Bonn de 1949. Es decir, el órgano de control externo sólo ejerce funciones de fiscalización pero en ningún caso facultades jurisdiccionales. Cuando hablamos de Administración Pública, estamos hablando de lo general, lo público, lo complejo en este caso no solamente se administra los bienes propios de quienes son los administradores, se tiene que administrar los bienes de toda la comunidad o pueblo, de ahí deviene la complejidad en este asunto. III.5. XV. Por un lado, el sistema de selección de los postulantes de conformidad con el mérito y en el marco del régimen general de estabilidad, esto es, por ejemplo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En igual sentido, los particulares pueden actuar como expropiadores cuando estuviesen autorizados por ley o por acto administrativo fundado en ley. A su vez, el nuevo modelo de sociedades anónimas de propiedad del Estado que luego estudiaremos es estatal o mixto según las circunstancias del caso. En otros casos, tal como detallaremos más adelante —en el marco de las técnicas de habilitación— es necesario registrarse o solicitar las autorizaciones respectivas con el propósito de ejercer ciertos derechos. Si bien, en el caso del derecho de propiedad es posible sustituirlo por su contenido económico, en los otros casos no es así. Creemos que los bienes del dominio público son aquellos que tienen una utilidad pública, trátese del uso común y directo de las personas o cualquier otro de carácter colectivo . Como ya señalamos no existe un régimen general sobre los fideicomisos públicos sino que debe aplicarse el Derecho Administrativo y supletoriamente el Derecho Privado (ley 24.441) . Quizás uno de los casos más paradigmáticos es el de los entes de regulación de los servicios públicos privatizados creados a partir de la década de los 90. También son beneficiarios de los recursos del fideicomiso, el sistema ferroviario de pasajeros o carga (SISFER), el sistema integrado de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional (SISTAU), las acciones para favorecer aspectos vinculados a la transformación del sistema de transporte de cargas por automotor de la misma jurisdicción (régimen de fomento para la profesionalización del transporte de cargas —REFOP—) y las personas que integran el sistema vial integrado (SISVIAL)(22). El concepto de emergencia en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación XII.2. A su vez, el Tribunal aclaró que este caso difiere del precedente "Rinaldi" porque aquí no se discute el crédito hipotecario por vivienda única y familiar del deudor de hasta dólares 100.000, sino que se trata de un mutuo por un valor que excede los dólares 250.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble que no reviste el carácter de vivienda única, permanente y familiar. Por caso, en el marco del Estado centralizado hay órganos concentrados y desconcentrados según su grado de proximidad o distanciamiento del Presidente. En tal caso, el interesado no puede ejercer plenamente su derecho, es decir, instalar sus industrias. A su vez, el inciso 19 del mismo artículo expresa que el Congreso debe "proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo". El órgano Jefe de Gabinete de ministros La Constitución incorporó en el año 1994 un nuevo órgano (Jefe de Gabinete) cuya ubicación en el tablero institucional es de cierta complejidad. Ello es así a pesar de que el concepto de "autonomía funcional" del artículo 85, CN, supone el reconocimiento, entre otras cuestiones, de potestades reglamentarias del ente de control sobre materias específicas de sus competencias. ¿Cuál es el fundamento de su carácter autónomo? V. EL CONFLICTO ENTRE EL PODER DE POLICÍA LOCAL Y FEDERAL Resta analizar cómo se resuelve el conflicto entre las normas reguladoras del Estado federal y los Estados provinciales en el campo de los poderes concurrentes. Más claro, el Estado puede sujetar el ejercicio del derecho al cumplimiento de ciertos requisitos. Pero, además, los marcos de regulación nos dicen que el ente es competente para realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y fines. Sin embargo, decir cuál es el marco jurídico en términos teóricos y abstractos es un trabajo inútil y sin sentido, por eso el operador debe analizar caso por caso en sus diversos aspectos, así el régimen de su personal, actos, contratos y bienes(56) . El régimen marco de empleo público III.2. En un primer momento, el Estado ejerció su titularidad por el vínculo entre el servicio y las propiedades públicas (propiedad y accesión) y otorgó su gestión a los particulares por las técnicas de las concesiones. ¿Cuáles son estas técnicas? En tal caso, el ejercicio de las potestades jerárquicas no rompe el principio de legalidad ya que las competencias que ejerce el superior, en virtud de su avocación sobre los asuntos sometidos al inferior, están previstas en el texto normativo atributivo de competencias como propias y compartidas por el órgano superior. La Corte dijo entonces que en caso de controversias entre el poder de policía federal y provincial debe prevalecer aquél siempre que la Nación hubiese prohibido el ejercicio del poder de regulación de las Provincias o el ejercicio local dificultase o impidiese la aplicación de las normas federales. En otros términos, si dudamos sobre el alcance de las restricciones debemos estar por el criterio interpretativo menos limitativo de los derechos. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna y, por último, sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. Entendemos que básicamente y entre otras razones por unidad de acción, economía, suficiencia, eficacia, agilidad y control en la gestión estatal. El procedimiento sancionador. (c) El principio de inocencia. En estos supuestos, el proceso no es iniciado regularmente por el expropiante sino de modo inverso por el expropiado y en tal sentido es irregular (acción de expropiación inversa o irregular). Y si bien este escollo fue salvado por los jueces al aceptar la imputación al Estado de los actos ilícitos de sus agentes y su consecuente responsabilidad por su condición de principal, siguen en pie sin embargo dos inconvenientes en términos jurídicos. Creemos que en estos supuestos no existe conflicto respecto del alcance de las competencias porque el Jefe de Gabinete debe simplemente refrendar los actos del Presidente, 4- el Jefe de Gabinete es el responsable de enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y presupuesto, previo tratamiento en acuerdo general de gabinete y aprobación del Ejecutivo. This preview shows page 1 - 5 out of 9 pages. La competencia en razón del grado es un criterio cuyo eje distintivo es el nivel jerárquico de los órganos administrativos y no la materia, el territorio o el tiempo. ¿El proceso penal prevalece sobre el trámite administrativo? En definitiva se trató de un caso de moratoria hipotecaria y reducción de la tasa de interés convenida entre las partes en el marco de los contratos privados. Sin embargo este criterio debe ser rechazado por sus inconsistencias. Creemos que quizás uno de los avances más importantes de este modelo fue el ingreso por concurso en el cargo de director, es decir, en el ejercicio de las funciones de conducción y su permanencia por tiempo determinado(65) . En conclusión, en el ámbito de la expropiación, el medio de pago es el dinero y "sin la conformidad del expropiado, la indemnización en dinero no puede sustituirse por otras prestaciones, por el riesgo de afectar los requisitos esenciales de pago previo, actual e íntegro". Tras la reforma de 1994 el convencional desdobló la jefatura de la Administración Pública e incorporó la jefatura de Gobierno. Usuario: Contraseña: N.º 9 JULIO 2005 . Creemos que el hilo jerárquico no debe romperse, de modo que superiores e inferiores deben respetarlo y consecuentemente moverse con sus superiores e inferiores inmediatos porque, en caso contrario, el modelo es de conducción doble. Sin embargo, el Legislador sí puede trasladar en el Ejecutivo el poder de regulación de derechos determinados y de modo indirecto, cumpliéndose las pautas constitucionales (decretos delegados). Vale recordar que la Corte ya había reconocido el poder de policía sustentado en los conceptos de seguridad, moralidad y salubridad públicas y, en ciertos casos, en los intereses económicos de la sociedad, por ejemplo en los precedentes "Ercolano"y "Avico ". El otro ejemplo es la libertad de expresión porque su restricción altera su propio contenido, salvo casos excepcionales. El Poder Ejecutivo por medio de los decretos 1957/06 y 1959/06 ratificó las actas acuerdo de renegociación contractual y la Adenda, suscriptas entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y las empresas EDENOR y E DESUR. Es decir, existe un contenido mínimo y esencial que el Legislador no puede menoscabar. En síntesis, la Corte ha interpretado que la Ciudad de Buenos Aires no es propiamente un Estado provincial, pero sin embargo no es claro cuál es el alcance de sus competencias según el criterio del Tribunal. En primer lugar, el Legislador establece las restricciones con relación a los derechos; en segundo lugar, el Poder Ejecutivo hace cumplir la ley y, consecuentemente, debe, por ejemplo: (a) realizar inspecciones con el objeto de constatar el cumplimiento de las regulaciones, (b) pedir informaciones o documentos, (c) impartir órdenes, con sustento legal, para adecuar las conductas de los particulares al marco normativo vigente, (d) llevar registros, (e) comprobar, en ciertos casos, el cumplimiento de los requisitos legales, (f) otorgar o rechazar las autorizaciones, permisos o habilitaciones, (g) aplicar sanciones en caso de incumplimiento y, por último, (h) hacer uso de la fuerza. Sin embargo, como ya sabemos y hemos repetido insistentemente, el interés colectivo siempre está presente en el marco de cualquier actividad estatal, de modo que este aspecto es claramente deficiente por sí solo en el camino que nos hemos trazado de definir el concepto del servicio público. Es decir, respecto del fondo del asunto y según el criterio de los jueces, el Estado provincial puede detraer recursos presupuestarios municipales siempre y sin límites, salvo que ello "comprometa su existencia patrimonial" (municipal). Es más, si interpretamos que el Presidente es en verdad el titular y que el Jefe de Gabinete es el que ejerce ese poder, no es posible, sin más, sostener que entonces el Presidente es el superior jerárquico. Más aún en nuestro ámbito de estudio, el interés público es casi omnipresente y es común utilizar este concepto de modo abusivo e indiscriminado. Se ha dicho que "el artículo 124 de la Constitución Nacional contiene una atribución exclusiva de las provincias para crear regiones, es decir, que éstas no pueden ser establecidas por ley del Congreso en contra de la voluntad expresa de los entes locales". En igual sentido, las cláusulas que autorizan al Estado a regular diversas materias, como por ejemplo, el poder de "reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí" porque el poder de reglar el comercio debe interpretarse como poder de regulación de los respectivos derechos(6). (B) Además del concepto normativo que hemos transcripto en los párrafos anteriores también es posible discernir entre los textos normativos los tipos o especies de subsidios . Los estatutos especiales IV. Finalmente se reconoció al silencio efectos positivos cuando se tratase de autorizaciones y permisos. Sin embargo, las medidas de fomento suponen costos fiscales y recorte de otros derechos. Asimismo, están exceptuados el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de defensa y seguridad. Por el contrario, estas cláusulas configuran un poder general e impreciso cuyos límites son el ámbito material y los fines públicos. Obviamente, el recorte de los primeros y el consecuente ensanchamiento de los segundos(50) . Otro caso es el decreto 970/06 que autorizó el aumento de los peajes en las rutas 2 y 11 en un 15 %(246) . Es posible, quizás, descubrir dos razones. Resumiendo, los medios estatales de regulación en términos de acortamiento de derechos puede describirse más detalladamente en los siguientes términos, (1) limitaciones absolutas (prohibiciones temporales y suspensiones) y (2) limitaciones relativas respecto del contenido del derecho. Las limitaciones absolutas (prohibiciones) deben estar previstas expresamente por ley, respetar los principios de razonabilidad e igualdad y ser tem porales. Así, el Poder Ejecutivo dictó los decretos de necesidad 303 y 304 en el año 2006 con el objeto de rescindir el contrato y crear la sociedad "Agua y Saneamientos Argentinos", respectivamente. Es cierto que el convencional sólo aceptó que el Legislador delegue en el Presidente y éste puede transferir esas potestades a su vez en el Jefe de Gabinete, según nuestro criterio hermenéutico apoyado en el artículo 100, en sus incisos 2 y 4, CN. ¿Cuáles son esos presupuestos o estándares que nos permiten evaluar si la ley de emergencia es o no constitucional? La ley de expropiaciones dice que sí. Clasificar consiste en agrupar teóricamente cosas o hechos, tomando en cuenta ciertas propiedades comunes". III.2. (f) El principio de igualdad. En este último caso, ¿quién debe prestar el servicio? Por caso algunos operadores entienden que las impugnaciones de los actos y los reclamos por daños constituyen pretensiones divergentes más allá de su nexo en términos de antecedente y consecuente. El Legislador local reguló este organismo por medio de la ley 210. La ocupación anormal de un bien puede ser ordenada directamente por la autoridad administrativa y el titular no tiene derecho a indemnización, salvo los daños causados sobre el bien(56) . Porque si bien el Estado, por un lado, decide crear el monopolio y consecuentemente dar más derecho, así por caso el derecho de explotar cierto servicio en términos de exclusividad, por el otro, restringe otros derechos (por ejemplo, el derecho de los otros a ejercer el comercio y el derecho colectivo sobre el libre intercambio de bienes y servicios). En síntesis la autonomía supone reconocer en los entes capacidades propias de regulación, decisión y gestión imprimiéndole su orientación con los límites del caso. ¿La sentencia penal o el acto sancionador? Por eso es razonable decir que estos conceptos son simplemente grados de distanciamiento de los sujetos respecto del Ejecutivo. Las organizaciones centralizadas están diseñadas sobre el criterio de división del trabajo y unidades de mando y, por su parte, las estructuras descentralizadas se apoyan en el postulado de división del trabajo y pluralismo de mando. Como ya hemos dicho, el juez debe controlar sin límites y sólo respetar el meollo de las decisiones estatales discrecionales. La distinción entre delitos e infracciones El razonamiento expuesto en el punto anterior nos permite afirmar que el siguiente escalón consiste en distinguir entre delitos e infracciones. Sin embargo, creemos que el antecedente más interesante es el caso "Provincia de San Luis c. Estado Nacional" del año 2003. y TELAM S.E.. A su vez, otras sociedades del Estado fueron creadas en los últimos años, así por ejemplo, Operadora Ferroviaria y Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Así, el Congreso estableció que el Poder Ejecutivo debía arbitrar las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubiesen realizado depósitos de divisas extranjeras en entidades financieras, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la solvencia del sistema financiero. ¿Cuáles son los requisitos que exige la Constitución? Entonces, cuando el Presidente tiene mayoría propia en el Congreso, el Jefe de Gabinete debe obedecer pero no por el poder jerárquico sino porque, en caso contrario, es removido por el Presidente. El recorte de los derechos debe surgir básicamente de la ley del Congreso(31) . Así, la legalidad supone el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la objetividad el respeto de los fines y valoración de los intereses comprometidos y, por último, la imparcialidad es la posición del agente frente al caso concreto. El derecho administrativo se va formando con leyes y reglamentos elaborados en distintas formas y por diversos órganos o autoridades. En el caso de las sociedades anónimas estatales debe aplicarse el Derecho Público, luego veremos con qué alcance. El Estado es competente para otorgar las autorizaciones y habilitaciones del caso. De modo que aquí el Legislador estableció el principio de permisión de las avocaciones, salvo que las disposiciones normativas fijen de modo expreso el criterio opuesto. En este contexto cabe recordar el precedente en que el ENARGAS resolvió intervenir a la empresa Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) porque postergó el pago de sus obligaciones negociables. Dice la Constitución que las "provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación" y, en igual sentido, "las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación". Es decir, ¿puede el Presidente delegar el dictado de decretos de ejecución, delegados y de necesidad en el Jefe de Gabinete? El criterio no es como ya dijimos el poder jerárquico de unos sobre otros sino el control del órgano central determinado y específico sobre el ente descentralizado. A su vez, el Congreso es quien debe aprobar las partidas presupuestarias correspondientes, sin perjuicio de que en ciertos casos sólo prevé créditos globales luego distribuidos por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, el concepto es relevante en términos jurídicos si describe objetos homogéneos bajo el mismo régimen jurídico. Pero volvamos sobre las técnicas más específicas, esto es, las delegaciones y avocaciones. ; 3. si ello no fuese así, ¿puede el Congreso transferir facultades reglamentarias en los entes?, y por último, 4. El Legislador autorizó al Poder Ejecutivo a privatizar, otorgar en concesión o liquidar las empresas o sociedades cuya propiedad perteneciera total o parcialmente al Estado nacional y que hayan sido declaradas sujetas a privatización según el anexo I del texto legal(62) . A su vez, toda controversia que se suscite entre los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del servicio debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del ente. Los jueces no explicitan cuáles son las reglas. El punto básico en discusión fue si la ley autorizaba o no al Banco Central a disponer esa medida de gobierno. En el caso, sin embargo, no se advierte que la norma impugnada constituya un impedimento en este sentido(24) . El modelo básico en nuestro país.— X. Su dispersión entre los poderes estatales.— IV. De modo que estos puntos fueron resueltos con claridad por el propio Convencional y el Legislador; sin embargo subsisten interrogantes, a saber, ¿cuál es el alcance de la autonomía universitaria en los otros aspectos? Los órganos son parte de la Administración de carácter centralizado, en contraposición con el Estado descentralizado que está integrado por los entes con personalidad y que se encuentran ubicados más lejos de los órganos centrales y del Presidente. Seguidamente se dictaron los decretos sobre conversión de los depósitos bancarios y otras leyes y decretos sobre conversión de otras deudas entre particulares, por ejemplo los mutuos hipotecarios. Las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante. En los apartados anteriores analizamos cuánto debe regular, es decir, su densidad y, en este contexto, de qué modo debe hacerlo respecto de las conductas (infracciones). Por ejemplo, la ley 23.697 de emergencia económica, sancionada en el año 1989, estableció que el Poder Ejecutivo podía disponer el cese del personal vinculado por medio del empleo público sin concurso, gozase o no de estabilidad, y que ocupase las máximas categorías del escalafón correspondiente. En efecto, estas sociedades sólo pertenecen al Estado con carácter temporal y accidental, justificándose ese traspaso desde el sector privado por razones coyunturales de orden político y económico. Creemos que la persona jurídica estatal (Estado nacional) tiene ciertos caracteres propios, a saber, es único, originario y en cierto sentido y según el ordenamiento jurídico vigente, superior en el marco del doble Derecho. Entendemos que los principios de publicidad, capacidad, mérito e igualdad deben necesariamente respetarse en cualquier proceso de selección y ascenso de los agentes. X.5.4. Sin embargo, el modelo penal y el sancionador coexisten sin desplazamiento del uno por el otro, es decir que cualquier persona puede ser pasible de sanción administrativa y penal por el mismo hecho. Cabe aclarar que el derecho es preexistente, sin embargo su ejercicio es condicionado por el ordenamiento jurídico. Conclusión sobre el concepto de emergencia pública Tal como surge de los precedentes antes citados, el concepto de emergencia ha sido desarrollado extensamente por la Corte Suprema. Avancemos un poco más, ¿el Estado siempre debe indemnizar en caso de reversión de los bienes? Los casos "Smith", "Tobar", "Benedetti", "Alvarez" y particularmente "Provincia de San Luis"(232) . En verdad este título (relaciones especiales y de sujeción más estrecha con el Estado) fue interpretado con un doble alcance. En este contexto cabe agregar la calidad del servicio (características de las prestaciones, transparencia en las facturaciones, información al usuario y medidas de seguridad). Resulta interesante observar que la ley prevé recaudos de transparencia y publicidad relativos a la selección de los pasantes. ¿Cómo interviene el Estado? LAS ESTRUCTURAS ESTATALES Creemos que desde un punto de vista lógico y didáctico conviene distinguir entre, por un lado, las estructuras estatales y, luego por el otro, las técnicas de distribución de las competencias en el marco de organización fijado por el Legislador y completado por el Ejecutivo. El otro es de contenido material porque el Legislador sólo puede hacerlo, es decir sustraer potestades del terreno propio de la Ciudad y depositarlas en el Estado federal, si ello guarda relación con el cuidado y protección de los intereses de éste. Los dos primeros escenarios son objeto de estudio en los capítulos sobre procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo del presente Tratado. Así, entre sus derechos, cabe mencionar el de exigir al beneficiario el cumplimiento de las actividades u objetivos, solicitar información, realizar inspecciones, aplicar sanciones y modificar y revocar el estímulo concedido en caso de incumplimiento de las cargas. Finalmente, y en el término de diez días, el infractor podrá recurrir la sanción ante la Cámara Na cional en lo Penal Económico de la Capital Federal o el Juzgado Federal, según el asiento de la autoridad que dictó el acto sancionador. En este caso los dos poderes concurren pero sin superposiciones, por ello los conflictos deben resolverse por el principio material y no de orden jerárquico(17) . Veamos los aspectos más relevantes del régimen actual. En este cuadro, es dudoso si el régimen es mixto entre el Derecho Público y Laboral o más propiamente entre el Derecho Público y Civil. En particular, respecto de las personas jurídicas y entre ellas el Estado, luego de definido el objeto, fin o especialidad como límite externo (juridicidad), el principio que rige sus conductas es la libertad dentro de ese marco conceptual. ¿Puede sin embargo el Poder Ejecutivo regular excepcionalmente los derechos, es decir, ejercer el llamado poder de policía? Por último, ¿existen las personas jurídicas privadas estatales ? los derechos de los expropiados. ✓ Velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución, para lo cual, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá remitir oportunamente la información que corresponda. En un principio y sin perjuicio del dogma de la división de poderes, el Ejecutivo se reservó el poder de aplicar sanciones de modo que el poder punitivo del Estado no fue exclusivo del juez. Luego, ya creado y consolidado este escenario, creyó oportuno darle notas estables y permanentes respecto de los poderes políticos. Esto último, en razón de las funciones judiciales o cuasi judiciales que se le reconoce al ente(114) . A su vez, los bienes del dominio privado del Estado, igual que los bienes del dominio público, persiguen satisfacer intereses colectivos porque ello es propio de cualquier actividad estatal. Desde 1974 casi todas las empresas del Estado fueron transformadas en sociedades del Estado. Igual criterio sostuvo en los precedentes "La Bellaca"(217) , "Levy"(218) y "Kupchik"(219) . En el marco de la ley 23.696, el Legislador declaró en estado de emergencia básicamente la situación económica financiera de la Administración Pública nacional centralizada y descentralizada (entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, obras sociales del sector público y bancos y entidades financieras oficiales), la prestación de los servicios públicos y la ejecución de los contratos del sector público. Además, las sociedades el Estado pueden ser unipersonales, no pueden ser declaradas en quiebra y, por último, su capital está representado por certificados nominativos. Así, es posible distinguir entre las responsabilidades civiles, penales y administrativas según el objeto regulado y protegido por el Legislador. La Sindicatura General de la Nación Hasta aquí hemos analizado el control externo (Tribunal de Cuentas y Auditoría General de la Nación como modelos distintos e incluso contrapuestos), resta entonces estudiar el modelo de control interno. Es decir, ¿cualquier conducta de las personas físicas (agentes estatales) puede trasvasarse sin más sobre el Estado? Sin embargo el debate renace como veremos más adelante con la creación de las sociedades anónimas de propiedad del Estado incorporadas con carácter permanente en las estructuras estatales. Estos bienes son usados por el Estado con fines secundarios o accesorios y es posible que sean dados a terceros mediante el pago de un canon o precio, sin perjuicio claro de su enajenación. Así, y en ese contexto, el decreto 320/02 suspendió por ciento ochenta días la ejecución de las sentencias dictadas contra el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires con excepción de aquellos casos en que se pusiese en riesgo la vida, la salud, la integridad física de las personas o se tratase de personas de setenta y cinco o más años de edad. Luego veremos que el Legislador nuevamente delegó por medio de otras leyes posteriores y de modo recurrente, igual competencia en el Ejecutivo, permitiéndole así transformar y fusionar órganos y entes estatales. En el caso de los entes creados por el Legislador , el cuadro es distinto y complejo. A su vez señaló que respecto de los mutuos con garantía hipotecaria debe resolverse conforme a alguna interpretación constitucionalmente aceptable de lo que el artículo 11 de la ley 25.561 llama "principio del esfuerzo compartido".
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