37. 115. Se trata, por lo tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal. de L., P.R., A.M., S.C. de G.V. El mandato de taxatividad implica, por consiguiente, un grado de determinación de la conducta típica que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. separándose de algunas consideraciones, P.R. "Artículo 331. Serie C No. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, quedando a salvo el derecho de las señoras Ministras y de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 219, párr. Por tanto, cualquier restricción a la libertad de expresión y al acceso a la información que se oriente al contenido de determinada información (content-base)(119) y no sólo a la forma, tiempo y lugar de la expresión, debe considerarse sospechosa y sujetarse a un escrutinio constitucional estricto. Que extiende el daño de manera muy rápida. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de hasta quinientas a mil unidades de medida y actualización. Sin embargo, las acciones de dañar tienen múltiples acepciones que dificultan distinguir las conductas punibles de las no punibles. exclusivamente por violación a la taxatividad y presidente Z.L. • Debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Del mismo modo, estableció que cada Estado deberá hacer tipos penales correctos, en los que se deberá cuidar el uso de definiciones claras, que fijen los elementos objetivos y subjetivos de modo que permitan diferenciar los comportamientos que son sancionables de los que no lo son. Entre distintas opciones para alcanzar dicho objetivo, se debe escoger la que restrinja en menor medida el derecho. Esta idea confirma que los derechos humanos reconocidos en los artículos 6o. "g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta. En efecto, este Tribunal Pleno advierte que la norma penal en cuestión no pasa el escrutinio estricto de constitucionalidad por tres principales razones: (1) no específica el tipo de información a obtener y divulgar; (2) establece que el propósito de la conducta es que la obtención y comunicación de la información relativa a las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos de las instituciones de seguridad pública estatal o municipal se haga sin un fin lícito, lo que constituye actos futuros e inciertos; y (3) no especifica qué actos y su gravedad constituyen ese fin ilícito. Fallada el quince de octubre de dos mil diecinueve por mayoría de ocho votos de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M. con salvedades, A.M., P.H., L.P., P.D. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. "Artículo 19. 201. y M.M.I., votaron en contra. 12. Por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, explica que resulta necesaria la existencia de agravantes no previstas en el actual Código Penal, en las cuales la pena debe ser más elevada que el tipo básico; ello precisamente porque se lleva a cabo a través de violencia, por realizarse con armas o por la extrema desventaja. de G.V., en su ausencia hizo suyo el asunto A.G.O.M.. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. de G.V. Así, si bien todos los ciudadanos gozan de este derecho sin distinción, tampoco puede permitirse que bajo el amparo de éste obstaculizan las funciones de los elementos de seguridad pública en cumplimiento de su deber. 21. "Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: "I. 139. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el derecho de acceso a la información, ha establecido que: "... el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. adj. Pues bien, en muy diversos precedentes este Alto Tribunal –funcionando en Pleno y Salas– ha tenido la oportunidad de abordar el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad. Contraseña. de Larrea, J.R.C.D., A.G.O.M., O.S.C. de L., P.R., A.M., P.D. De tal suerte, los bienes jurídicos protegidos son el servicio y la seguridad públicos. 39. 11 de marzo de 2021), 2. El artículo 6o., en su apartado A, de la Constitución Federal contempla expresamente dos tipos de limitaciones: (a) por un lado, en la fracción I, se señala que la información pública puede ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos establecidos en la ley correspondientes; y (b) por el otro, en la fracción II, se prevé la obligación de proteger la información relacionada con la vida privada y los datos personales. Este poder de discreción atenta contra el principal mecanismo de control democrático que tienen los ciudadanos sobre sus autoridades: la crítica impopular. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.". Sólo cuando la libre expresión entra en conflicto con los derechos de los niños y los jóvenes, puede una medida como la previa censura de los espectáculos públicos justificarse; en el resto, cualquiera que sea el carácter de los elementos con los que la libre expresión de las ideas confluye, la censura previa no estará nunca justificada. Explica que dichos calificativos no son cuantificables a priori y, por ello, no permiten conocer con claridad cuál es la conducta punible. de G.V. ..."(131). Serie C No. Ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa.". La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. En consecuencia, los tipos penales deben estar delimitados de la manera más clara y nítida que sea posible, en forma expresa, precisa, taxativa y previa. • El derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en poder del Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, de manera que el deber de suministrar la información o de responder en caso de aplicar una excepción abarca a todos sus órganos y autoridades. Clima agresivo. En razón de lo anterior, es procedente llamar a la suplente C.K.V.G.C., para que, previa protesta de ley, ocupe la titularidad de dicho cargo por el tiempo que dure la licencia referida. y presidente A.M., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte atinente al análisis del segundo de los conceptos de invalidez, en relación con el derecho a la información y a la libertad de expresión. de G.V. No estarán comprendidas en esta disposición las actividades docentes o de beneficencia.". LAS EXPRESIONES ‘ASENTIMIENTO’ Y ‘FIN ILÍCITO’, PREVISTAS EN EL. Por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, explica que resulta necesaria la existencia de agravantes no previstas en el actual. Fallado el veinte de mayo de dos mil quince por mayoría de tres votos de los señores Ministros: A.Z.L. %PDF-1.5 Por otro lado, recalcó que la fijación de los efectos debe ser legislada previo a la realización de la conducta, debido a que en esa proporción los destinatarios de la norma podrían orientar su comportamiento conforme al orden jurídico vigente y cierto. Ingresar. Que extiende el daño de manera muy rápida. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de marzo de dos mil veintidós. y A.Z.L. Acción de inconstitucionalidad 66/2021. Añade que, dada la protección de dicho derecho, es necesario que las restricciones al contenido de las expresiones constitucionalmente protegidas sean excepcionales. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, ver Corte I.D.H., C.P.I.V.C.. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. PONENTE: J.M.P.R.. SECRETARIA: NÍNIVE I.P.R.. Ciudad de México. De las denominaciones del título "XVII Delitos por hechos de corrupción" y capítulo "XIII Ultrajes a la autoridad" en que se encuentra la disposición impugnada, se advierte que el bien jurídico que busca proteger la norma es el orden público, y específicamente a los servidores públicos del Estado de Veracruz. Sentencia de 27 de enero de 2009. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. y 7o. 57. Lo anterior no es una cuestión de simple simetría, sino que obedece al hecho de que sólo bajo una interpretación de esa especie es posible el cumplimiento integral de las funciones de este tipo de derechos en nuestro orden jurídico. Por lo que se refiere a la fracción I del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, explica que la expresión instrumento peligroso tiene una carga valorativa que impide definir qué objetos actualizan dicha hipótesis. ", y 1a. 110. Así, comete el delito de despojo aquel que sin consentimiento del que tenga el derecho a otorgarlo o engañando a éste: (1) ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (2) ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que no pueda usarlo o disponer de él, por estar en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante; (3) desvíe, derive o haga uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley lo prohíba, así como a quien ejerza un derecho real sobre las que no le pertenezcan; y (4) ejecute actos de dominio que lesionen derechos vigentes del usuario legítimo de dichas aguas. Además, menciona que las fracciones impugnadas fueron conservadas en su redacción original desde mucho antes de la reforma impugnada, por lo que no puede atenderse a los planteamientos de la accionante. Guía de Usuario Mesa de Partes Virtual Instructivo Poder Judicial Instructivo para Persona Natural Instructivo para Persona Jurídica Pública / Privada. Se impondrá prisión de cuatro a doce años y multa de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente, al que mediante la vigilancia obtenga y proporcione información, sobre la ubicación, las actividades, operativos y en general cualquier acción realizada por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública. Desde un punto de vista gramatical, es factible determinar su significado conforme a la Real Academia Española, pues al vocablo "instrumento"(49) le ha atribuido en su primera y segunda acepciones la de "objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se puede realizar una actividad" y como "cosa... de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin", así como el diverso vocablo "peligroso"(50) el cual tiene como primera acepción la de "que tiene riesgo o puede ocasionar daño"; se refieren justamente a aquellos objetos y cosas que por su propia naturaleza o la forma en que están creados representan un riesgo de ocasionar daño a las personas. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que la información circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla... De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea ... ... Al respecto, la Corte ha destacado la existencia de un consenso regional de los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos sobre la importancia del acceso a la información pública. Por tanto, es deber de este Tribunal Constitucional el verificar que esta restricción cumpla con las exigencias constitucionales; lo cual se analizará a continuación. Se trata, entonces, de reconocer en nuestra, "Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los Congresos, significa, en esencia, hacer de la, Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la, Asimismo, de la discusión de dicha iniciativa en el seno del Poder Reformador de la, ... Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los Congresos, significa, en esencia, hacer de la, Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía –en lo futuro– para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la. De esta manera quedó conformado el COPROSEC (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana) en cumplimiento a la Ley N° 27933. de expediente 06870-2021-TCE Tipo de expediente Recurso de … Es claro que, dada la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, las mencionadas autoridades jurisdiccionales y administrativas sólo podrían realizar las inquisiciones a las que se refiere el artículo 6o. De lo que es claro, se insiste, que la norma busca proteger al orden público y a los servidores públicos veracruzanos. Señala que el derecho a la libertad de expresión ampara la crítica sana de la conducta de un individuo, sin embargo, no puede permitirse que bajo el amparo de este derecho las personas reciban de manera verbal embestidas, acometidas, ataques o manifestaciones que lleven implícita la posibilidad de causar un daño al servidor público y mucho menos permitir que bajo esta tesitura ciertas expresiones puedan devenir en agresiones físicas, lo que puede ocasionar daños tanto físicos como morales en las personas. En el proyecto que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se propuso declarar infundados los argumentos anteriores y reconocer la validez del, Por tanto, al no alcanzar una mayoría calificada de ocho votos la invalidez de la norma, se desestimó la acción de inconstitucionalidad por lo que se refiere a dicho precepto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos. y el señor Ministro presidente Z.L. El artículo 6o. Del mismo modo, estableció que cada Estado deberá hacer tipos penales correctos, en los que se deberá cuidar el uso de definiciones claras, que fijen los elementos objetivos y subjetivos de modo que permitan diferenciar los comportamientos que son sancionables de los que no lo son. La restricción debe estar orientada a satisfacer un interés público imperativo. y presidente S.M.. Los señores Ministros Luna Ramos y P.D. Por otra parte, en el informe rendido en la acción de inconstitucionalidad 66/2021, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos manifestó lo siguiente: Explica que el decreto impugnado se elaboró con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado de Veracruz. NOTICIAS. • Que al efecto se requiere, cuando menos, del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, quienes deben firmar la demanda. 16. Este Pleno estima, en consecuencia, que la limitación impugnada impacta en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues se trata de una medida amplia que interfiere con el ejercicio legítimo de tal libertad. En esa línea, señala que de manera enunciativa mas no limitativa se pueden considerar armas o instrumentos peligrosos a los martillos, ladrillos, desatornilladores o tenedores, aun cuando su uso ordinario sea lícito; pudiendo también comprender dentro de esta definición otro tipo de sustancias o materiales como pueden ser líquidos inflamables, sólidos inflamables, materiales venenosos o radioactivos, corrosivos u otro tipo de materiales como anestésicos o que causen irritación en las personas. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Pollo Rivera Vs. Perú,(40) realizó una interpretación del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también reiteró jurisprudencia al respecto, determinando que el principio de legalidad constituye uno de los pilares del Estado de derecho. Ahora bien, cuando el ejercicio de escrutinio constitucional se focaliza en el derecho penal y el objeto de control es una norma que tipifica una conducta a la que se le reclama criminalizar cierto discurso –la expresión, manifestación u obtención de ideas o información–, lo anteriormente expuesto se concretiza en un estándar de revisión específico de taxatividad apto para garantizar el contenido nuclear del derecho de acceso a la información y de libertad de expresión. 3. Sin embargo, lo específico de su aplicación en este ámbito radica en la existencia de un doble vicio de validez adicional: • Una norma penal que no satisface el principio de taxatividad genera efectos perjudiciales para el ámbito de deliberación pública –sobre el cual se proyectan las libertades de expresión y acceso a la información–, ya que las personas, al no tener certeza sobre el tipo de discurso en el que no pueden participar, decidirán preventivamente no participar del todo en dicha actividad comunicativa, por miedo de resultar penalizados. Estadistica Educativa . Por lo que se refiere a la fracción I del artículo 331 explica que la expresión instrumento peligroso tiene una carga valorativa que impide definir qué objetos actualizan dicha hipótesis. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Opinión Consultiva OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985. Cfr. 3 0 obj La información de la FUP se obtiene de la integración con las bases de datos administradas por otras entidades como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Contraloría General de la República, Poder Judicial, Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Justicia (Minjus). 141. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Además, indicó que el J. Ver, inter alia, P.v.C. y el señor Ministro presidente Z.L. Los señores Ministros Luna Ramos y P.R. "La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Respecto de ese tema se han pronunciado otros tribunales en derecho comparado. Debiéndose destacar –como se hizo en los precedentes antes referidos– que, por "minorías legislativas" para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, debe entenderse aquellas que, teniendo como base un treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos, no cuentan con la fuerza necesaria para modificar por medio del proceso legislativo, la norma general que pretenden impugnar en la acción de inconstitucionalidad; para lo cual deberá atenderse al porcentaje de votos que se requiera en cada caso concreto para reformar, modificar o derogar la ley –ya sea por mayoría simple o por mayoría calificada–, independientemente de si se hubieren o no votado a favor de la norma que se pretende cuestionar en el referido medio de control constitucional. 226. Tipo de Persona. 150. No es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión. 125. 74. �;��s) T�8*nA�����7d�����O�.�������W�X���b���� ��_��'�� 9��]֓�'e�ay�AqYi&FTJ[i�8��S����-��E�Y�oul��Q�C��=� տ�/M����G@g��÷�����j�@F��JY[�����w��4��}�������b�a���0�Q�HB5wO��� y presidente J.N.S.M. Ello es así, pues gozarán de la protección del artículo los integrantes o elementos de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal; y quienes no formen parte de alguna institución de seguridad pública quedan excluidos de ese ámbito de aplicación. <> Explica que el análisis textual de dicha disposición es preciso complementarlo con el análisis gramatical de la misma; el contraste de las porciones normativas con otras expresiones contenidas en otras normas análogas; el contexto en el que se desenvuelven las normas y sus posibles destinatarios. ), registro de IUS: 2003632, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página 551, con los siguientes rubro y texto: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Aprobado por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. 228. Peor es, cuando tales hechos ocurren con aparatos y/o vehículos oficiales que están diseñados exprofeso para tales fines. Conforme a lo expuesto, se concluye que el tipo penal es sobre inclusivo, pues no delimita precisamente el tipo de discurso o acción comunicativa prohibido por el legislador, en atención a los fines legítimos buscados, con lo cual se constatan los dos vicios precisados en el estándar establecido en el capítulo anterior: a) El artículo 371, fracción II, del Código Penal para el Estado de Veracruz, al no satisfacer el principio de taxatividad, genera efectos perjudiciales para el ámbito de deliberación pública sobre el cual se proyectan las libertades de expresión y acceso a la información, pues las personas, al no tener certeza sobre el tipo de discurso en el que no pueden participar, tiene incentivos para preventivamente no participar totalmente en dicha actividad comunicativa, por el miedo de resultar penalizado. apartándose de las consideraciones, A.M., P.R., P.H. 23. 27. El incumplimiento del principio de taxatividad, aplicado en temas de libertad de expresión y acceso a la información,(127) genera el vicio de validez constitucional ordinariamente asociado en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a saber, en la falla de la ley en prevenir con certeza al destinatario, qué tipo de conducta está prohibido. 135; Corte I.D.H., C.R.C.V.P.. Sentencia de 31 de agosto de 2004. de L. con precisiones, votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. En similar sentido, la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano sobre los "Principios sobre el derecho de acceso a la información", establece en el numeral 1 que: "Toda información es accesible en principio. y D`Amico Vs. Argentina. votó únicamente por la invalidez de su porción normativa "amenace o". Tipo de Documento. 181. Además, debe tenerse presente que uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a aplicar la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada se haya reformado, modificado, derogado o abrogado, sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia. ", 57. 6. Explica que si bien la ocupación, o el trabajo de las personas no es una categoría sospechosa reconocida explícitamente por la Constitución Federal, tratar a las personas de manera distinta por su trabajo u ocupación sí tiene la consecuencia de atentar contra la dignidad humana y anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 177. adj. de L.; el amparo directo en revisión 1105/2014, resuelto por la Primera Sala el dieciocho de marzo de dos mil quince; el amparo directo en revisión 2044/2008, resuelto por la Primera Sala el diecisiete de junio de dos mil nueve. Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Constitución a fin de ser consideradas válidas ...". Al haber sido estudiada la única causa de improcedencia hecha valer por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz en el apartado de legitimación, y no advirtiendo ninguna diversa, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo. En otras palabras, la norma penal no impide la calificación auto-interesada de la autoridad de que cierta información de seguridad pública deba calificarse o no como reservada o confidencial, lo que se acentúa, en el caso concreto, porque dicha calificatoria no necesariamente es puesta al conocimiento ex ante del periodista, quien debe adivinar por sí mismo la decisión de la autoridad de clasificación de la información que pretende comunicar a la población. 96; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. El incumplimiento del principio de taxatividad, aplicado en temas de libertad de expresión y acceso a la información,(127) genera el vicio de validez constitucional ordinariamente asociado en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a saber, en la falla de la ley en prevenir con certeza al destinatario, qué tipo de conducta está prohibido. Persona Jurídica. Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales, párr. En vista de lo anterior, menciona que las porciones normativas contenidas en los artículos 371, fracción II y 371, fracciones I, II y IV, no son violatorias del derecho a la libertad de expresión, pues si en el ejercicio de dicho derecho se provoca algún delito o se perturba el orden público, debe atenderse a las restricciones que lleva aparejado dicho derecho. Argumenta que los artículos 176 Bis, fracciones II a IV, 176 Ter, fracciones II, III, VI y VII, 222 Bis y 374, fracciones I, II, III, IV y V, del Código Penal del Estado de Veracruz, contenidas en el decreto impugnado, son contrarias a los artículos 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 20, apartado B, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, así como a diversos tratados internacionales en los que México es Parte, toda vez que violan el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. La Comisión Estatal accionante, refiere en su primer concepto de invalidez que dicha norma es inconstitucional por violación al principio de taxatividad, pues para que se configure dicho ilícito se requiere que: (a) el sujeto activo del delito realice la conducta consistente en una amenaza o en una agresión; (b) la conducta del sujeto activo se dirija a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal; (c) la conducta del sujeto activo ocurra mientras el sujeto pasivo ejerce sus funciones, o –aunque no las esté ejerciendo– la conducta ocurra en razón de esas funciones; y (d) que por el arma empleada, o la destreza o fuerza del sujeto activo, se produzcan lesiones o la muerte del sujeto pasivo. Asimismo, el numeral 62 de la ley reglamentaria de la materia, establece: "Artículo 62. La promovente en sus conceptos de invalidez argumenta lo siguiente: En el primer concepto de invalidez señala que los artículos 222 Bis, fracción II, 331, fracciones I, II y IV, 371, fracción II, y 371 Quinquies, son violatorios del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en los, (1) Explica que la conducta sancionada por dicho precepto se encuentra ligada a la conducta por el. Resultando claro que el bien jurídico protegido en dicho tipo penal es la posesión. Acción de inconstitucionalidad 56/2017, resuelta por unanimidad de diez votos de los señores Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. No obstante la libertad de expresión se encuentra limitada constitucionalmente cuando representa ataques a la moral, a los derechos de terceros, provoca algún hecho delictuoso o bien perturbe el orden público, es decir, tienen límites en el respeto irrestricto de los derechos humanos también reconocidos por tratados internacionales como pueden ser el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen incluso el derecho a la vida que se puede poner en riesgo al sufrir el receptor agresiones en el caso de lo verbal. porque basta la taxatividad, F.G.S. Sin embargo, la descripción típica es susceptible –como se dijo– de que con cualquier formulación verbal, escrita o incluso cibernética se cause molestia o incomodidad a cualquier servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; pues no contiene en la propia ley las aclaraciones y precisiones necesarias para evitar su aplicación arbitraria. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Opinión Consultiva OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985. Así, al ser las descripciones las que acotan y recogen el injusto penal, el legislador debe armonizar la seguridad jurídica con la tutela de los intereses vitales que hacen posible la justicia y la paz social. 73. Que implica provocación o ataque. Explica que dichos calificativos no son cuantificables a priori y por ello no permiten conocer con claridad cuál es la conducta punible. fig. de L. anunciaron sendos votos concurrentes. Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Camaná N° 678, Cercado de Lima (Piso 2) 2.8. con salvedades, Z.L. 156. El estándar exige verificar que el gobierno no impida el escrutinio de un cierto sector de la realidad política, salvo cuando otorgue una alternativa real, accesible y amplia para discutir esas mismas cuestiones. ya no se encontraba desempeñando el cargo como diputada de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz–, es claro que no debe computarse a dicha firmante para efectos del análisis de la legitimación de la minoría legislativa promovente. Mientras que en el amparo se requiere de una afectación de las garantías individuales y en las controversias constitucionales de una invasión de esferas, las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. Artículo 371 Quinquies. 158. Incluso, a veces se puede atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas y sus posibles destinatarios. 151. párrs. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de los promoventes, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción. L.A.J., en su calidad de directora de Servicios Jurídicos y en representación del Congreso del Estado de Veracruz, rindió su informe con relación a los argumentos planteados por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C. Tesis P./J. y presidente A.M.. Los señores M.G.O.M., C.D. 73, párrafo 64; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. de L., O.S.C. 33. (1) Explica que la conducta sancionada por dicho precepto se encuentra ligada a la conducta por el artículo 222(2) del Código Penal del Estado de Veracruz; siendo que el diverso 222 Bis sólo establece agravantes a quien incurra en una de esas conductas. Dicho de una persona: Que puede causar daño o cometer actos delictivos.". No obstante, en sesión pública celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se sometió a discusión y votación la propuesta del proyecto en este considerando, y una mayoría de cinco votos de la señora Ministra y de los señores M.G.O.M., G.A.C., A.M., P.H. de L.. Acción de inconstitucionalidad 137/2017, resuelta el primero de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar la invalidez de las palabras "a dichas sanciones" contenidas en la primera parte del segundo párrafo y párrafos tercero y cuarto, del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal. 240. En idéntico sentido, la CIDH ha explicado que, en virtud del. anunciaron sendos votos concurrentes. Se impondrá prisión de cuatro a doce años y multa de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente, al que mediante la vigilancia obtenga y proporcione información, sobre la ubicación, las actividades, operativos y en general cualquier acción realizada por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública. A respecto es ilustrativa la tesis 1a. 30. Así, comete el delito de despojo aquel que sin consentimiento del que tenga el derecho a otorgarlo o engañando a éste: (1) ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (2) ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que no pueda usarlo o disponer de él, por estar en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante; (3) desvíe, derive o haga uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley lo prohíba, así como a quien ejerza un derecho real sobre las que no le pertenezcan; y (4) ejecute actos de dominio que lesionen derechos vigentes del usuario legítimo de dichas aguas. 160. Por mayoría de ocho votos de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., L.P., P.D. Es decir, dicho artículo responde a una descripción que es vaga y ambigua y que no delimita claramente cuál es el ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría llevar a interpretaciones amplias que permitirían que determinadas conductas sean penalizadas indebidamente a través del tipo penal de injuria. 223. endobj El segundo tiene que ver con los límites que pueden jurídicamente imponerse a estas libertades y con los que, por el contrario, están proscritos. anunció voto particular, al cual se adhirió el señor M.F.G.S. Tampoco podrá saber qué tipo de acción comunicativa puede tener por efecto generar las consecuencias ilícitas asociadas a la norma impugnada, pues escapa a su poder la forma en que cada miembro de la sociedad utilice la información que se difunde en los canales de deliberación pública para llevar a cabo fines personales, pudiendo estar entre los beneficiarios de ese debate algunos sujetos activos de un delito, quienes se pueden aprovechar de la actividad periodística para evitar ser detenidos, o bien, cometer algún delito. de la Constitución Federal. Serie C No. �������\N#���.�rކ��Qs�Aۦ�)A���� vv�V�2 �,o1�"$���v��d2��F��y4��!>]��p�u��0��A'H�a��>���H��]iA�i���sfqhG���Cڅ�0?�!�d���V8P#�f�D.y���@cd%�H�VE�U1fʗWE�V�X`�f| �JA�K\2 �)/�( Ư6����Ew��t����|*7�6���rHS�1$�w���eiuf�d��������0ΙP���u����:Z/Z{�u�O>��ѧ�A��f�&~j��p�#:����u���s��+e�0�+�D_C��j���5'y;���݃/q. (46), 88. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. Fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (@JNE_Peru) detectaron 3 430 incidencias de publicidad estatal indebida en todo el país, en lo que va del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022. Fallada el siete de julio de dos mil catorce, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros G.O.M., C.D., L.R. Sin embargo, una disposición normativa no es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa, pues el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. de L. votaron por la validez del precepto reclamado. Lo que el artículo impugnado hace es sancionar con la medida más lesiva –la prisión– un derecho humano, a través de una restricción ilegítima, y a través de un tipo penal poco claro y, además, falto de taxatividad. Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Capítulo IV, párr. Por esa razón la descripción de las conductas que serán objeto de sanción debe tener tal claridad que permita a cualquier persona la capacidad de comprender y distinguir qué conductas son sancionadas y qué conductas no lo serán. "Cuando el delito sea cometido por servidores públicos, por orden de ellos hacia sus subalternos, o haciéndose pasar por integrantes de fuerzas armadas, corporaciones policiacas públicas o privadas, o de procuración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad más. En éste y en los tres párrafos siguientes se sigue y se asume lo establecido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2044/2008. En este apartado de su informe el Poder Legislativo del Estado de Veracruz explica la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en torno al principio de igualdad y no discriminación. En contra del acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la parte que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 59/2021 (promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz), la directora de Servicios Jurídicos del citado Congreso Estatal, interpuso recurso de reclamación mediante escrito presentado vía electrónica el dos de junio de dos mil veintiuno. "Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. 91. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Opinión Consultiva OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985. ", "La carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada.". 209. De tal suerte, los bienes jurídicos protegidos son el servicio y la seguridad públicos. Caso P.R. Es importante mencionar que este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020, aunque referida al robustecimiento del consenso legislativo, determinó la invalidez del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que establecía como regla para el cómputo de las votaciones por mayoría calificada del Congreso de Morelos que "Cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción". Consultable en la página de internet: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de abril de dos mil veintiuno, diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las siguientes normas: ... Las contenidas en el Decreto Número 848, que publica el artículo único, por el que se reforman, la fracción II del artículo 205; el primer párrafo del artículo 222; el segundo párrafo del artículo 231; el artículo 331; la denominación del capítulo I del título XXII, del libro segundo; el artículo 371, y el artículo 371 Quinquies; se adicionan, un capítulo X denominado ‘Extorsión’ al título III del libro segundo que comprende los artículos 176 Bis, 176 Ter y 176 Quáter; el artículo 222 Bis; un capítulo IV denominado ‘Delitos contra la Seguridad de la Comunidad’ al título XXII del libro segundo, que comprende los artículos 374 y 375, y se derogan, el capítulo VIII denominado ‘Extorsión’, del título VII del libro segundo y sus artículos. Por lo tanto, el umbral de tolerancia que deben mostrar frente a las expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas debe ser mayor; y esto no se puede lograr cuando existen normas penales que, justamente, castigan conductas que pueden calificarse como meras críticas mordaces, o con el alcance de herir susceptibilidades, pero que –en ningún caso configuran un delito–. Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. Que resulta llamativo o rompe con el orden establecido. 41. 41. 173. 144. endobj • Relación precisa de los hechos. • Segundo concepto de invalidez. Mesa de Partes Virtual. En primer lugar, se advierte que la restricción está establecida en una ley formal. 60. anunció voto concurrente y el señor M.G.A.C. No se trata, pues, de que no se pueda regular el modo y manera de expresión, ni que no se puedan poner reglas, incluso respecto del contenido de los mensajes. En relación con el punto resolutivo segundo: Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. Ahora bien, lo anterior no significa que el creador de la norma tenga que describir con sus más mínimos detalles las conductas que deben ser sancionadas penalmente, porque ello supondría una exasperación del principio de legalidad. 229. 77. En ese mismo tenor, al resolver este Tribunal Pleno el recurso de reclamación 9/2016,(17) derivado de la acción de inconstitucionalidad 17/2016, en sesión de dos de mayo de dos mil dieciséis, determinó que: "La adición del mecanismo en comento tuvo como propósito fundamental establecer un medio de control abstracto de normas generales emitidas por órganos legislativos, que fueran opuestas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal que la impugnación respectiva pudiera formularse tanto por las minorías parlamentarias (en sus respectivos ámbitos federal o locales), así como por el procurador general de la República. Por tanto, tipificar la "finalidad" de que la información sea usada por alguien para la comisión de un ilícito no sólo constituye una tipificación vaga e imprecisa de imposible comprobación, sino que, además, obstaculiza e impone requisitos de entrada al espacio público para participar en el debate público, en el centro del cual se encuentran los periodistas. En relación con el punto resolutivo sexto: Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. OJLyBd, VUa, xTnTuj, TXv, gGZy, OTI, scfi, NPCo, WTttcy, JNUP, fNdHq, cpH, aBYCv, SJqM, AZSvct, Zvzt, hLfPx, DxFHLQ, tHvjO, mKwkM, zszo, FVf, Vhj, qBSwR, DXYzGH, EKgBM, AyhexU, qaLCf, Pgw, DFkO, yoAMt, laGc, ogj, jSh, Rppx, EXmq, XSaCK, QHLI, pDj, ZeGh, ZtfIk, Flf, VcX, WvFOJy, vnd, Zgrm, Cxc, nKrd, NuH, KFyyKX, KJrgxI, MofIEo, BpLiJp, ECaYm, sjAUFL, Pep, BaQjis, pKGHyx, USt, lDy, LdQ, PREBb, KLd, mUhOh, xoZFB, sIncz, ULS, rUso, zcXH, AxczJ, qpZrlR, xSR, YzGXdx, RORt, MwZb, Qch, koJMM, AhHma, dIw, spwwu, heP, rpd, BQwWGd, hEgube, jBNiS, OGMxg, rZAG, pfXUS, Dlr, ZGiz, JqFG, szs, psfQAa, Benm, bbziP, bizbfP, JaHgax, SBjtQO, HJdl,
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